De no coordinarse la acción gubernamental con una red social efectiva en el campo mexicano, el sector agrícola será severamente afectado por la actual crisis económica mundial. Los tres impactos iniciales de esta crisis en México pueden resumirse en: 1) la caída de las exportaciones mexicanas —y en los empleos que ellas generan—; 2) disminución de las remesas de migrantes mexicanos enviadas a regiones pobres del país —y el inminente retorno de connacionales—; y 3) drásticas caídas en los flujos de inversiones extranjeras a México.

Ante ese choque externo, la efectividad de la política monetaria es demasiado reducida, por lo que la política económica mexicana está, acertadamente, concentrándose en la política fiscal por medio del gasto público. Con el objeto de estimular el mercado interno, el gasto público se está orientando a la creación de infraestructura.

Para el periodo 2007-2012, el gasto en infraestructura propuesto por el Ejecutivo federal en el Programa Nacional de Infraestructura se situará en cerca del (histórico) 5% del PIB. Sin embargo, la distribución de ese gasto es aún controversial. La mitad se centrará en infraestructura petrolera —reforzando así los argumentos de que el gobierno federal sí tiene los recursos para invertir en el sector.

Un 15% adicional se destinará a electricidad, con lo que, a solas, el sector energético concentrará dos tercios del gasto total en infraestructura. Mientras el sector carretero recibirá 11%, al ferroviario se destina menos de 2%: demasiado elevado este primero si consideramos que el transporte por tren es 30% más barato que el carretero para el transporte de carga, reproduciéndose así una estructura de baja competitividad —y altas emisiones de gases efecto invernadero.

Al sector agrícola sólo se le asignará 1% de ese gasto, asignación que parece no guardar proporción con la naturaleza de esta crisis si consideramos que: 1) aunque el sector agrícola en México contribuye con tan sólo 4% del PIB nacional, este sector da sustento a más de la cuarta parte de la población nacional; 2) la mayor parte de la emigración mexicana proviene de zonas rurales, en las cuales están teniendo lugar la mayor parte de las repatriaciones y las caídas en la recepción de remesas; 3) las tasas de pobreza rural son más del doble que en las zonas urbanas, y 4) la economía urbana no tiene —y, muy probablemente, por muchos años tampoco la tendrá— la capacidad para absorber mano de obra adicional.

Además, el actual cambio climático global está presionando cada día más al sector agrícola, ante lo cual la acción gubernamental sigue siendo insuficiente. Por sus altos niveles de agricultura de temporal, este sector también es altamente vulnerable a las cada vez más recurrentes sequías: más de 80% del área cultivada no tiene acceso a infraestructura de irrigación —la inversión para expandir distritos de riego se detuvo hace más de 20 años.
Por la insuficiente infraestructura de control de cauces de agua, este sector también tiene pérdidas multimillonarias por inundaciones y deslizamientos de tierra. Así, la mayor parte de los crecientes desastres climatológicos de las últimas tres décadas están dañando cada vez más severamente al sector agrícola.

A pesar de ello, las obras de prevención de desastres son escasas y la cobertura del seguro agrícola es ahora de menos de la mitad que hace dos décadas. Todo esto junto nos ayuda a entender el porqué del crecimiento negativo del PIB per cápita del sector agrícola de 2005 a la fecha.

Gobierno y sociedad civil debemos empujar una solución efectiva para el agro. Tal vez esta sea la única oportunidad que en mucho tiempo tendrá el campo mexicano para vindicar la poca efectividad mostrada por sus líderes y autoridades en 1993 cuando se negoció el TLCAN, del cual ya se preveía que el campo sería —y de hecho resultó serlo— el gran perdedor. Pero no fue sólo esa coyuntura la que desató la crisis económica de este sector; su trasfondo se encuentra en la endémica crisis de representatividad que tiene: sus líderes y autoridades no han logrado fomentar la agricultura mexicana durante las últimas dos décadas; a pesar de ello, la cuota parlamentaria, partidista y de gabinete del agro nacional sigue conformándose por casi las mismas personas.

Si los líderes y autoridades del agro han sido poco efectivos en mejorar las condiciones de vida de su gente, ¿qué nos queda? Su sociedad civil. Para activarla se requiere la organización de redes sociales, mismas que deben partir de la base local para proponer soluciones concretas que vayan más allá de la cacofónica petición de “apoyos” a solas de los años recientes. Las soluciones deben ser concretas y focalizadas; requieren análisis de su realidad propia, para lo cual urge que se apoyen en instituciones académicas especializadas en, ante todo, agronomía y climatología, así como en la selección de una nueva generación de líderes locales propios bajo una base más democrática.

En contra de la organización de dicha red social obran: a) la larga tradición pasiva y fatalista de buena parte de la sociedad mexicana —complementada casi simétricamente con la prevalencia de liderazgos arribistas, y b) la falta de capacidad institucional por parte de estados, municipios y dependencias federales para canalizar iniciativas, en especial en los municipios más pequeños y con menos recursos. Por la falta de propuestas, actualmente se subejercen los recursos de muchos programas existentes dirigidos a aumentar la productividad del sector y a reducir sus riesgos.

Por eso, se necesita una autoridad mucho más intervencionista complementada por una red social ágil para proponer soluciones. Urge entonces la integración red social-gobierno; sin ella incluso el actualmente bajo presupuesto de infraestructura para el campo será un fracaso.

Economista e investigador de la UNAM