El gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, y el presidente municipal de Los Cabos, René Núñez Cosío, se deslindaron de cualquier acto violento derivado del conflicto en el transporte que aqueja desde hace 18 años la entidad.

A través de un desplegado enviado a los diarios, indicaron que sus gobiernos han intentado establecer un mecanismo que permita la construcción de un gran acuerdo con la participación de las partes involucradas.

"Seriedad y cumplimiento de compromisos han sido las respuestas de la autoridad estatal y municipal a los acuerdos establecidos en la etapa previa y posterior a la firma del Pacto de Responsabilidad" , indicaron.

Tras el levantamiento de la mesa de negociaciones, las partes habían fijado un plazo de 90 días para lograr acuerdos permanentes e impulsar una reforma a la Ley del Transporte Estatal.

El pacto fue firmado el 18 de julio por el gobierno estatal, el ayuntamiento de Los Cabos, la Unión de Transportistas Turísticos Terrestres de Baja California Sur, nueve gremios de taxistas, el Consejo Turístico Sudcaliforniano y las secretarías federales de Comunicaciones y Transporte (SCT) y de Turismo (Sectur) .

Indicaron que el pacto prevé que los actores del desarrollo turístico de Los Cabos y los gobiernos federal, estatal y municipal establezcan un manual de operación del transporte de turistas, con el objetivo de combatir la competencia desleal y evitar bloqueos.

El documento refiere que el compromiso gubernamental es garantizar estabilidad y equidad, pero sobre todo evitar que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 16 de Enero de 2008 sea aplicado.

Esta decisión de la SCJN señala que la autoridad estatal está facultada a requerir a los permisionarios del transporte federal autorización para circular por vías de jurisdicción estatal, lo que generó enfrentamientos entre transportistas turísticos y taxistas.

En las consideraciones se menciona que los involucrados están conscientes de que la continuidad del conflicto lesiona la imagen de Los Cabos como destino turístico y de sus habitantes.

"Nuestra tarea es garantizar el estado de derecho y el respeto a la autonomía del estado y del municipio, cualquier desviación en el compromiso de resolver a través del diálogo y los acuerdos" , señaló el documento.

Ambos gobernantes indicaron que esa fue la postura ante los representantes de la SCT y de la Sectur, ya que "otra vía radicalizaría las posiciones entre taxistas y transportistas, con mayor confrontación entre unos y otros" .

Agregaron que la tranquilidad que hoy impera en la entidad y Los Cabos no debe ponerse en riesgo por decisiones inadecuadas de la autoridad o de los actores de esta problemática.

El gobierno del estado y el ayuntamiento de Los Cabos "no participaremos en actos que provoquen un ambiente hostil que dificulte la construcción de acuerdos por la vía del dialogo y la civilidad y arriesgue el avance logrado hasta ahora" , finalizaron.