Amnistía Internacional solicitó por escrito al gobernador de Texas, James Richard Perry, que acate las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya sobre los cinco mexicanos sentenciados a muerte en esa entidad de Estados Unidos.

"Como parte del movimiento de derechos humanos más grande del mundo, le solicito dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la CIJ, específicamente en lo relacionado con el caso de José Ernesto Medellin", indicó Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

En la misiva, expresó su preocupación por la posición que ha asumido el gobierno de Texas sobre el caso de los cinco mexicanos condenados a muerte, a pesar de que la CIJ ha ordenado la suspensión de sus ejecuciones.

La Corte Internacional emitió en el 2004 una sentencia a favor del Estado mexicano y ordena a los Estados Unidos la revisión de los procesos judiciales de 51 mexicanos condenados a muerte, conocido como caso Avena, debido a que no se le notifico de esos procesos al consulado de su país, como lo establece la Convención de Viena de 1963 sobre las Relaciones Consulares.

A pesar de ello, indicó la carta de AI, el gobierno de Texas ha fijado el próximo 5 de agosto como fecha para la ejecución de José Ernesto Medellín.

Ante esa posición, el gobierno de México recurrió nuevamente a la CIJ que este mes decidió otorgar medidas provisiones consistentes en la suspensión de esta y las otras cuatro ejecuciones.

Sin embargo, el gobierno de Richard Perry "ha manifestado su nula voluntad de acatar esta sentencia internacional cuyos efectos son indudablemente obligatorios", indicó el directivo de AI en su misiva dirigida al mandatario estatal.

Recordó que AI se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo todas las circunstancias, pero aclara que aún así, "este caso cobra especial relevancia por la gravedad que representaría el hecho de que los Estados Unidos incumplieran la sentencia de un tribunal internacional".

Consideró que la moratoria para la ejecución de sentencias por pena de muerte aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es una evidente muestra de la tendencia que a nivel internacional los países han determinado hacia un mundo donde la pena de muerte sea abolida en su totalidad.

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