"Independientemente de que se reconozca o no que el EPR sea una guerrilla en México, es un problema que está obligado a resolver el Gobierno", afirmó Jose Luis Soberanos, presidente de la CNDH, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

"Es un grupo que estaba haciendo daño y por lo tanto hay que resolverlo", reiteró el titular de la entidad equivalente en el país al Defensor del Pueblo o de los Derechos Humanos.

El EPR cometió en 2007 varios atentados con explosivos contra instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que no causaron víctimas mortales pero sí millonarias pérdidas materiales.

El mes pasado, aceptó la mediación de varias personalidades públicas para negociar con la exigencia de que el diálogo con las autoridades girara en torno a la desaparición de dos de sus militantes hace casi un año, su principal reivindicación, y que cesarán las acciones de "hostigamiento" en su contra.

Días después el Ejecutivo aceptó sentarse a la mesa con la demanda de que la conversación no se constriñera sólo a ese tema y la advertencia de que iba a continuar sus investigaciones para dar con los responsables de los atentados.

Hasta ahora no se han conocido detalles sobre cuándo y dónde podría comenzar la negociación.

Soberanes insistió hoy en que en México la vía del diálogo debe ser la prioridad para las autoridades, que deben solucionar cualquier tipo de enfrentamiento que "ponga en riesgo el ambiente político del país".

El Defensor del Pueblo comentó asimismo que la CNDH continúa con las investigaciones sobre las quejas planteadas por particulares contra las acciones del EPR, a través de un expediente que acumula ya más de 5.000 fojas, del que hasta ahora no se conoce ningún balance preliminar.

El EPR surgió con fuerza el 28 de junio de 1996 en el vado de Aguas Blancas, en los estados sureños de Guerrero, pero había mantenido un perfil relativamente bajo hasta el año pasado, cuando encadenó varios atentados con bombas en el centro y el occidente del país, en los meses de junio y septiembre.

En la prensa mexicana han aparecido en las últimas semanas versiones sobre la posibilidad de que los dos militantes del grupo desaparecieran a manos de policías del estado sureño de Oaxaca, donde también tiene presencia esta guerrilla, e incluso de efectivos del Ejército mexicano.