"Lo que existe es muchísima información", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien indicó que un juez de Bogotá aceptó dichas pruebas para efectos de "cualquier proceso de judicialización".

Santos agregó que entregará estos materiales a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en virtud de una solicitud que el alto tribunal le formuló el jueves por la noche, ante versiones sobre supuestas relaciones de algunos congresistas y políticos con los rebeldes.

La petición la hizo el presidente de la Sala Penal de la CSJ, Sigifredo Espinosa, al defender su competencia para asumir de manera oficiosa los casos de funcionarios con fuero.

La entrega de las pruebas es una "cosa que por supuesto haremos", dijo Santos en declaraciones a la prensa en Bucaramanga, ciudad del noreste del país a la que viajó para encabezar la activación de la policía metropolitana.

El funcionario evitó referirse a casos de políticos supuestamente relacionados con los insurgentes, según los documentos informáticos, y aseguró que esos datos deben permanecer en secreto y están en manos de la Fiscalía General, bajo la figura de "cadena de custodia".

A pesar de eso, varios medios locales han divulgado mensajes en los que se mencionan, entre otros, a la congresista opositora Piedad Córdoba, facilitadora hasta noviembre pasado de un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permita la liberación de los secuestrados por ese grupo.

"La señora Piedad Córdoba aparece en muchas comunicaciones, pero no me corresponde a mí (...) valorar y juzgar lo que hay ahí", expresó Santos.

La legisladora ha insistido en que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe busca a como dé lugar cubrir con una "cortina de humo" el escándalo de la "parapolítica", que vincula a varios legisladores con la ahora disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La CSJ ha vinculado con esta causa a 64 congresistas, 32 de los cuales están detenidos.

Los opositores a Uribe han advertido que más del 80 por ciento de los implicados pertenece a la bancada oficialista en el Congreso, que fue la que aprobó la reelección del gobernante en 2006.

Las pruebas de nexos de políticos con las FARC proceden de tres computadores y dos memorias que las autoridades colombianas decomisaron el pasado 1 de marzo en una operación contra un campamento de las FARC en Ecuador, en la que murieron 26 personas, entre ellas "Reyes", segundo al mando de esa guerrilla.