La juez encargada del caso, Barbara Walther, tendrá la difícil y compleja tarea de decidir el futuro de esos menores que están bajo custodia del Estado desde el 4 de abril, cuando las autoridades texanas efectuaron la redada en el rancho de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Últimos Días en El Dorado.

En total, 350 abogados defienden a los niños y los padres, y muchos de estos profesionales se han puesto voluntariamente al servicio de los menores.

El Servicio de Protección al Menor tendrá que dar su opinión sobre si los niños deben ser devueltos al rancho o, por contra, permanecer de manera definitiva bajo custodia del Estado, que actuó ante el temor de que pudieran estar sufriendo abusos sexuales.

La vista ha levantado tal expectación que la sala del tribunal estaba abarrotada de abogados y miembros de la secta.

Dada la magnitud del caso, el tribunal ha habilitado otra sala en un edificio adjunto, donde los abogados pueden seguir la vista por circuito cerrado e interponer sus objeciones desde allí.

A raíz de la redada, los niños, de entre seis meses y 17 años de edad, fueron llevados a centros de acogida donde inicialmente estuvieron acompañados por más de 130 mujeres que abandonaron el rancho voluntariamente.

El Servicio de Protección al Menor ha tenido problemas para encontrar un lugar adecuado para acoger a los niños, por lo que les ha ido trasladando de un sitio a otro.

Hace tres días la gran mayoría de las madres tuvo que abandonar los improvisados centros de acogida y únicamente aquellas con hijos de menos de cinco años pudieron quedarse.

Muchas de las mujeres que volvieron al rancho iniciaron una intensa lucha en los medios de comunicación para exigir al Estado que les devuelvan la custodia de sus hijos e insistir en que las acusaciones contra la secta poligámica por abuso sexual son falsas.

El caso ha despertado un gran interés mediático, lo que ha derivado en una presencia diaria de miembros de la secta, abogados o expertos en la televisión.

El rancho, denominado el "Anhelo de Sión", se extiende sobre casi 700 hectáreas en las que se han levantado construcciones donde viven los miembros de la secta y un enorme templo de color blanco.

Las autoridades entraron en la propiedad de la secta tras recibir, a finales de marzo, una serie de llamadas de una adolescente de 16 años que dijo haber sido víctima de abusos físicos y sexuales, y que la habían obligada casarse "espiritualmente" con un hombre mayor.

Ese fue el indicio que necesitaban y buscaban desde hace tiempo las autoridades para registrar el rancho de El Dorado, situado a unos 65 kilómetros de San Angelo, el pasado 4 de abril.

Hasta ahora se desconoce si las autoridades han localizado a la adolescente de la llamada que, según los miembros de la secta, no existe.

Los agentes trabajaron durante una semana en el rancho para recopilar pruebas y datos sobre los presuntos abusos y los matrimonios con menores concertados.

Una serie de documentos judiciales difundidos en los últimos días reveló que niñas adolescentes fueron obligadas a mantener relaciones sexuales en el templo después de contraer matrimonio.

Las autoridades del servicio social afirmaron que el rancho era escenario de abusos sexuales y que en el templo había una zona "con una cama en la que los varones mayores de 17 años mantienen relaciones sexuales con niñas menores de 17".

Los miembros de la secta niegan rotundamente ese extremo y el abogado Rod Parker, que actúa como portavoz del grupo, alega que las autoridades actuaron sobre una información que no está basada en pruebas.

Ahora el estado de Texas tendrá que probar las acusaciones contra la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Últimos Días, el principal grupo religioso polígamo del país.

El líder de la Iglesia, Warren Jeffs, está cumpliendo condena en una prisión de Utah por complicidad en la violación de una niña de 14 años a la que obligó a casarse con su primo, de 19 años, en 2001.

El autoproclamado "profeta" afronta, además, otro juicio por cargos similares en Arizona.