Faltó voluntad política de los coordinadores del PAN y el PRI en el Senado, asegura el principal orquestador de una maniobra que él mismo califica de “práctica parlamentaria” poco usual, aunque justificada desde su punto de vista por el momento “extraordinario” que atraviesa el país: “Privatizar Pemex, intentar por la vía reglamentaria contravenir los principios básicos de nuestra Constitución, no es cosa pequeña, es extraordinaria”.

Interrogado el viernes por la noche sobre la legitimidad de una estrategia que parece diseñada para clausurar las vías de discusión plural y deliberación parlamentaria, el legislador zacatecano argumenta que una “mayoría preestablecida” (PAN-PRI) buscaba excluir a una minoría representativa, los senadores del PRD, PT y Convergencia que representan la segunda fuerza en la cámara alta: “Si bien es cierto que las mayorías deciden en la democracia, también lo es que éstas no pueden ser mayorías excluyentes. Y en este caso no estábamos incluidos. Si no hay inclusión de la fuerza minoritaria, entonces se trata de una dictadura legislativa, no de una democracia participativa. Por eso nuestro afán de llevar el tema del petróleo a un debate nacional”.

—¿Por qué una minoría parlamentaria como la que representa el FAP, por más importante que sea, pretende definir los tiempos y términos de una discusión? ¿No le parece que llevar el debate de la reforma petrolera hasta agosto, como lo han planteado, y rechazar un periodo extraordinario para discutirlo y resolverlo, parecería simplemente una táctica dilatoria para mantener el status quo de Petróleos Mexicanos?

—Es una opinión respetable, pero no es así. En la Comisión de Energía (del Senado) se plantearon 12 temas a discutir. Nosotros planteamos tres más: el petróleo como palanca de desarrollo nacional; la constitucionalidad de los actos y los contratos de Pemex, y un tercero, que es un tema clave, es el de la Ley de Adquisiciones, que es la entrada de la corrupción en dimensiones enormes… Yo le diría, entonces, que nosotros no ponemos fechas sino desarrollar un debate serio… Como lo ha planteado el senador priista Francisco Labastida: cinco o seis días por tema, con expertos, intelectuales, académicos, investigadores, políticos que representen las distintas posiciones, y saquemos conclusiones.

—Agosto no es, entonces, un plazo inamovible. ¿Por qué la negativa a que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones?

—No es inamovible. Por otro lado, creemos que es más conveniente abordar el tema en un periodo ordinario porque tenemos tres meses y medio, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, en lugar de un periodo extraordinario apresurado. Cuando se tiene el debate nacional, las líneas más claras para la discusión y para la aprobación de la ley, el proceso formal, en comisiones, puede empezar el mismo 2 de septiembre…

El senador Monreal insiste en señalar que “la idea del debate” no partió de los grupos parlamentarios del FAP sino que fue planteada en el diagnóstico de Pemex hecho público por la secretaria de Energía el 30 de marzo y, finalmente, por el mismo presidente Felipe Calderón en su Mensaje a la Nación del martes pasado.

—La necesidad de un debate de alcance nacional parece indiscutible. Lo que me inquieta, desde una perspectiva estrictamente democrática, es por qué la segunda fuerza parlamentaria del país opta por estas medidas (movilización en las calles, cercos “ciudadanos”, tomas de tribuna) para presionar, coercionar, al órgano legislativo. ¿Bajo qué argumentos pueden exigir a los grupos que forman mayoría que acepten sus condiciones o, de lo contrario, clausuran el Congreso?

—Nosotros no fuimos los primeros que “ofertamos” el debate nacional. El diagnóstico lo menciona: un gran debate nacional para identificar las debilidades y fortalezas e iniciar un proceso de renovación institucional, transformación y fortalecimiento de Pemex. Y nosotros estamos de acuerdo. Entonces, nosotros no estamos condicionando al Congreso. Pero no estamos de acuerdo en que sea un debate simulado, engañoso, retórico, que no nos conduzca a ver con seriedad lo que está pasando…

—Pero ¿no es un juicio a priori, cuando no sabemos cómo va a ser el debate?

—No, porque no se puede analizar seriamente ocho leyes en dos semanas… Porque no sólo se trata de modificaciones a leyes existentes sino que hay nuevos cuerpos jurídicos, como la Ley Orgánica de Pemex, por ejemplo. Y los legisladores debemos ver que no contravenga los principios fundamentales de la Constitución. Por eso, lo que no podemos permitir es que quede trunca la discusión de los temas más importantes del país.

En esa perspectiva, reitera Monreal, los legisladores del FAP “no tenemos una disposición a obstaculizar, lo que queremos es debatir”. De ahí que, desde su punto de vista, el problema pudo haberse resuelto desde el momento en que estalló la crisis en el Senado, espacio parlamentario que desde su restitución en 1874 no registraba perturbaciones de esta naturaleza.

—Usted habla de crisis política. ¿Se refiere sólo al tema del petróleo o tiene mayor profundidad? ¿Está el país en un momento de riesgo para la gobernabilidad?

—Sí, lamentablemente sí. En más de 30 años que tengo en la política, es la primera vez que percibo una crisis de dimensiones profundas… Que nosotros debemos encauzarla para que no se profundice más.

—No cree que con las acciones de fuerza del PRD y aliados se corre el riesgo de que el movimiento social se desborde y se abone a la polarización…

—El movimiento nacional al que nosotros estamos convocando, Andrés Manuel particularmente, pudo haberse desactivado ayer. La falta de operación política del gobierno, en ocasiones hace que se genere un conflicto o mayor confrontación en un planteamiento que parecía normal: convocar a un debate nacional, y que ahora se está convirtiendo en un problema social. Ahora, lo que está provocándose, ante la cerrazón o la actitud intransigente de unos y otros (y hablo de los dos), está escalando la polarización.

—El martes López Obrador declaró que esperarían hasta el jueves para iniciar la resistencia civil, en espera de una decisión importante de los senadores. A mí me queda la impresión de que la decisión estaba tomada y sólo esperaban un ingrediente para justificarla…

—No. El martes por la tarde nos reunimos todos los senadores con Andrés Manuel. Graco Ramírez y Carlos Navarrete plantearon que se les permitiera hacer un último esfuerzo, de tal suerte que la iniciativa no se moviera de la Mesa Directiva y que se iniciara el debate nacional. Andrés Manuel dijo esa noche que, si se aceptaba el debate nacional, se encargaría de “moderar” la resistencia civil: si se acepta el debate nacional, no nos movilizamos. Pero que no sea un debate engañoso, simulado, encubierto, sino amplio, plural y objetivo para conocer la situación de Pemex y sin olvidar al sindicato y a los responsables de la situación por la que atraviesa la empresa.

El jueves, sigue el legislador, Graco Ramírez y Navarrete plantean la propuesta en el Senado. Pero ninguna de las condiciones se cumple: en lugar de permanecer en la Mesa Directiva, las iniciativas son turnadas a Comisiones y éstas son citadas para las 18:00 horas del mismo día. “Era obvio que se estaban precipitando los pasos, cuando lo que se había dicho es que se intentaría negociar que antes de seguir el procedimiento parlamentario se realizara un debate nacional.”

Lo que sigue es el estallido de la crisis en curso: la decisión de “tomar” la tribuna senatorial y anunciar “el inicio de la resistencia civil pacífica en todo el país”. Responsabilidad que asume Monreal con el apoyo de 16 senadores del FAP y sin el consentimiento, acepta, del coordinador Carlos Navarrete, quien se encontraba en la negociación de la Comisión de Energía.

Una crisis que, entre las intransigencias de unos y otros, podría desbordar los espacios legislativos y poner en riesgo la gobernabilidad del país.

Los ingredientes de riesgo están presentes: que las movilizaciones provoquen choques entre las brigadistas y los cuerpos policiales y que, ante la calentura de unos y de otros, el enfrentamiento se desborde O que se infiltren provocadores que busquen forzar las rupturas.

Frente al escalamiento de un problema que pudo evitarse o resolverse en su origen, las salidas parecen extraordinariamente complejas y no parece haber disposición para el acuerdo.

“Lo único que estamos planteando es ir a un debate nacional, serio, abierto, plural. ¿Qué nos proponen? Un debate de dos semanas, acotado, simulado, y enseguida ir a una aprobación fast track… Por eso no lo aceptamos y por eso recurrimos a estas medidas que, aparentemente, riñen con el modelo democrático al que todos aspiramos”.

Por lo pronto, el Congreso, espacio privilegiado para el debate, la deliberación y la toma de decisiones, permanece clausurado.