Sin embargo consideró inaceptable que se pretenda constitucionalizar prácticas como el arraigo y el cateo sin orden previa, a las que consideró violatorias a los derechos humanos.

En un comunicado, señaló que la propuesta de modificación constitucional plantea la incorporación de medidas que generan excepciones injustificables con relación a las personas que son procesadas o sentenciadas.

"La CDHDF tiene la convicción de que es posible combatir eficazmente el delito respetando los derechos humanos de todas y todos, sin condicionamiento alguno. La Reforma al Sistema de Justicia Penal es una ventana de oportunidad para lograr ese objetivo", subrayó.

Asimismo, comentó que el actual proceso penal viola estructuralmente los derechos humanos, permite la corrupción y otras prácticas que en los hechos se convierten en obstáculos de acceso a la justicia.

La actual propuesta de modificación constitucional, señaló, plantea un cambio radical hacia un modelo acusatorio, más transparente y garante del derecho al debido proceso.

La reforma, dijo, es indispensable para la plena realización de los principios de inmediatez, celeridad procesal, seguridad jurídica y para el equilibrio procesal entre los derechos de víctimas e inculpados durante el juicio, y aún durante la fase de ejecución de la pena.

No obstante, indicó que con la incorporación de medidas que generan excepciones injustificables en relación con las personas que son procesadas o sentenciadas bajo el régimen de delincuencia organizada, se legalizarían prácticas que son en sí mismas violatorias de derechos humanos.

Entre ellas, mencionó el arraigo, al que consideró del todo inaceptable, porque esa figura contradice las mejores prácticas en materia de derechos humanos en lo que a seguridad pública y procuración de justicia concierne.