Sin embargo, no dio fecha alguna para una posible solución al conflicto.

A través de un comunicado, la dependencia recordó que ha estado trabajando "el impacto sobre el conjunto de la economía del país y de la ciudad que tiene el incremento a los combustibles para que junto con la evaluación del incremento a los salarios mínimos y a la inflación, se pueda contar con elementos suficientes para tener un punto de vista de la solicitud de aumento a la tarifa que transportistas concesionados han venido demandando en los últimos meses".

Agregó que para autorizar cualquier incremento se toma en cuenta y con "profunda responsabilidad" el derecho de los 30 mil transportistas, así como el derecho de no agravar la condición económica de 18 millones de usuarios del transporte público concesionado.

Por ello, dijo, "la conciliación de esos derechos no puede darse en un marco de improvisación, sino debe concluirse como parte de una visión social que abarque, que pondere los intereses legítimos de todos los actores involucrados".