La abogada de esta ONG, Itzel Silva Monroy, declaró a la emisora W-Radio que hace una década se cometió "un crimen de lesa humanidad" por el cual ni el Ejército ni otras instituciones del Estado han sido juzgadas.

"Lo que hace falta es esa voluntad, y es precisamente lo que hemos venido demandando a lo largo de estos diez años", señaló la activista de esta ONG adscrita a la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

"Estamos hablando de gente como el ex presidente de la República, Ernesto Zedillo, hasta el secretario (ministro) de la Defensa Nacional de entonces, Enrique Cervantes, o el general Mario Renán Castillo, que era el encargado de la región militar de Chiapas", indicó la abogada.

Según ella, Zedillo (1994-2000), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas" lo que le convierte en último responsable de aquellos trágicos hechos.

La ONG, creada por el entonces obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, acaba de hacer público un informe titulado "Acteal, a diez años", donde enumera las supuestas responsabilidades de funcionarios mexicanos y del estado de Chiapas en la matanza, que costó la vida a 21 mujeres, nueve varones y 15 niños.

Silva Monroy recordó que las muertes de Acteal se dieron por acción directa del Estado en el contexto de "una política de Estado contrainsurgente implementada para debilitar las bases de apoyo zapatista".

La ONG y la organización civil "Las Abejas", a la que pertenecían las víctimas, han pedido "que los funcionarios que estuvieron involucrados sean investigados y sancionados", algo que aún no ha sucedido plenamente.

Silva considera que Acteal no fue algo aislado sino parte de una campaña orquestada desde 1995 y 1999 en la zona norte de Chiapas, donde sucedieron esos años ejecuciones y desapariciones perpetradas por paramilitares.

Se mostró escéptica ante la posibilidad de que instituciones como la castrense, que habrían participado en aquella campaña, sean investigadas y recordó que la matanza está en trámite de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Al día de hoy con el reforzamietno que ha hecho el presidente (Felipe) Calderón del Ejército mexicano el panorama no es muy alentador, pero esperaríamos que el Estado cumpla con esta obligación que le corresponde", añadió.

Según el CDHFBC en los juicios penales realizados hasta ahora 87 civiles indígenas y 15 ex servidores públicos "de bajo nivel" han sido procesados.

Para la ONG el Gobierno mexicano es responsable de los hechos también además "por omisión", "porque mientras ocurría la masacre la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos doscientos metros del lugar de los hechos sin que interviniera para evitar la consumación".

También culpan al estado de Chiapas, entonces gobernado por Julio César Ruiz Ferro, porque sus autoridades "fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia".

Finalmente el centro alega que ha habido "dilación y denegación de justicia" en el caso "porque los autores intelectuales" del mismo no han sido castigados y porque quienes perpetraron la matanza no han sido desarmados, entre otras razones.

Esta mañana hay previsto un acto en recuerdo de los fallecidos en el que participarán los obispos Ruiz y Raúl Vera, éste último adscrito a la diócesis de Saltillo, en el estado de Coahuila, norte de México.