Durante la sesión parlamentaria se aprobó con 370 votos a favor y dos abstenciones la reforma que plantea garantizar el derecho a la defensa en materia penal y asesoría jurídica en favor de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional parlante, para ello el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDF) actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan.

"Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos biling�es indígenas", destaca el dictamen.

Argumenta que de acuerdo con el "Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio caso en Oaxaca" , presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, más de 60% de indígenas tuvieron necesidad de contar con un traductor en su declaración preparatoria.

De ellos sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11% de casos del fuero común. Esto a pesar de que el 91% de los encuestados indígenas hablaban un idioma indígena.

Por ello la ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, el grado de comprensión y capacidad de expresión en español de los indígenas influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa.

En México el 12.7% de la población nacional es indígena. Existen 52 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades urbanas o locales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.