Los coordinadores de la Cámara de Diputados recibieron el documento –del cual EL UNIVERSAL tiene una copia- en el se expone prohibir legalmente el uso de “propaganda negra”, y limita los anuncios de gobierno durante todo el tiempo que duren las campañas, en todas sus modalidades.

“Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”, señala el párrafo adicional propuesto al artículo 41 de la Constitución.

Además, en la fracción III del mismo artículo se cambia completamente la redacción:

“Los partidos nacionales tendrán derecho al uso de la radio y la televisión, conforme a lo que señale la Ley, queda prohibida la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas.

“Durante el tiempo que comprenden las campaña y hasta su conclusión deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación, tanto de los poderes federales y estatales, como de municipios, DF (…) a excepción de las relativas a servicios educativos, de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia”.

EL UNIVERSAL publicó desde el martes pasado la propuesta de los legisladores para nombrar a un contralor que vigile los recursos del IFE.

Los diputados y senadores no consideran que esta decisión sea intervencionista, aunque se conoce que algunos partidos manifestarán su rechazo a lastimar la autonomía del órgano electoral.

En la nota titulada “Proyectan AN, PRD y PRI relevo en IFE”, se reveló que las Cámaras tendrán facultad de elegir a un contralor del instituto electoral que tendrá la responsabilidad de:

“Establecer en la ley el procedimiento de sanciones para los consejeros electorales, conforme al establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y considerando que el órgano facultado para instruir el procedimiento y aplicar la sanción a que haya lugar será por la nueva Contraloría General.

“Elaborar la lista específica de posibles faltas y sanciones. Las resoluciones que emita la Contraloría General del IFE serán impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.