Al exponer su postura a favor del dictamen, el senador Tomás Vázquez Vigil, del PRI, sostuvo que la nueva ley busca generar políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y a la promoción de la lectura.

El legislador atribuyó los bajos índices de lectura en México y los malos resultados en comprensión y asimilación de ésta en parte a la escasa disponibilidad de textos y su inaccesibilidad, donde los hay, así como a su alto costo.

Mediante la citada ley se crea el Consejo Nacional de Fomento a la Lectura como órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y espacio de concertación y asesoría entre instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y a la lectura.

De acuerdo con el ex dirigente del sindicato magisterial, con ello también se busca estimular la edición, la distribución y la comercialización del material de ese tipo y las publicaciones periódicas.

De igual forma, apoyar el establecimiento y el desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura.

La nueva ley establece la obligación para los editores o importadores de textos de fijar un precio de venta al público (precio único) para los materiales que edite o importe, y será éste quien fije libremente el precio de venta al público.

También se adopta el Precio Unico para los libros, ya vigente en varios países, y que en México sólo aplica para publicaciones escritas y medios audiovisuales.