Mientras legisladores panistas plantearon la necesidad de que las autoridades federales atraigan el caso.

Durante un debate en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se dieron a conocer fragmentos de la supuesta conversación telefónica entre el mandatario estatal y el empresario de la mezclilla Kamel Nacif Borge; así como de Pablo Salazar, gobernador de Chiapas, y Luis Ángel Casas, ex coordinador de Finanzas de la campaña electoral de Mario Marín, para advertir un tráfico de influencias para enjuiciar a Lydia Cacho.

La diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) anunció que interpondrán una demanda de juicio político en contra del mandatario de Puebla y advirtió: “Este delincuente, de nombre Mario Marín, no merece ni siquiera ser llamado gobernador. Vemos en los medios cómo atropella, sin pudor alguno, las garantías individuales de que gozan todos los ciudadanos de este país, cómo coarta la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación que se atreven a denunciar algunas tropelías, amén de que ha vulnerado la división de poderes de esta entidad federativa al comprar a jueces, algunos corruptos, que se venden al mejor postor”.

La diputada poblana Myriam de Lourdes Arabián Couttulec (PAN) planteó: “Puebla está claramente en un estado de subdesarrollo político. Puebla hoy acude a esta Cámara, a esta soberanía, para pedir que estas investigaciones se lleven a cabo desde el nivel federal”.

El primero en abordar el caso fue el legislador de Convergencia Jesús González Schmal, quien expresó “el repudio y condena a quienes tratan de acallar la crítica y la libertad de expresión”, y se pronunció para que el gobernador de Puebla sea llamado a cuentas “por estos actos que avergüenzan a México”.