Corte de EU declara inconstitucional Ley Arizona

En una resolución de alcance, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió hoy en contra de los aspectos más polémicos de la ley antinmigrante de Arizona SB 1070, pero dejó vigente la autoridad de la policía estatal para solicitar documentos a quienes sospeche de estar ilegalmente en el país.

Por una votación de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal resolvieron que algunos aspectos de ésta legislación son improcedentes y reafirmó la potestad del gobierno federal en la regulación de la migración que le disputan varios Estados, entre ellos Arizona.

Para la mayoría de los analistas, en términos absolutos, ésta decisión que elimina tres de cuatro provisiones polémicas en la SB 1070, marca una victoria para la administración de Barack Obama y una derrota para el gobierno de Jan Brewer en Arizona.

Sin embargo, reconocen que el hecho de que haya pervivido la provisión que permite a la policía estatal de Arizona detener a personas bajo el principio de la "duda razonable" para comprobar su estatus migratorio, es una medida que invita al perfil racial.

En su resolución, la Suprema Corte señala que la policía estatal puede detener, interrogar y detener momentáneamente a inmigrantes en caso de que los oficiales tengan una "duda razonable" de que se encuentra de forma ilegal en el país.

Sin embargo, advierte que la policía tiene una autoridad limitada en este tipo de operativos y siempre tendrá que checar con agentes de inmigración federales antes de decidir la detención formal y la inculpación criminal de los sospechosos.

A pesar de que ésta provisión ha sido acotada por la resolución de la Suprema Corte, para evitar que las policías estatales actúen al margen de las autoridades federales como agentes de inmigración, algunas organizaciones defensoras de inmigrantes manifestaban su temor de que ésta provisión siga permitiendo la detención de personas a partir de su su perfil racial.

 "Esta provisión de ‘muéstrame tus papeles' llevará a detenciones por motivos de raza o por la forma en que la gente habla, independientemente de que sean o no ciudadanos de EU", consideró Angela Kelly del Center For American Progress (CAP) al señalar que aunque la decisión de la Suprema Corte es positiva un buen número de organizaciones están dispuestas a desafiar ésta provisión.

La decisión de la Suprema Corte reconoce así la autoridad constitucional del gobierno federal en el control de la migración en todo el país y le dota de mayores argumentos y razones judiciales en la disputa que mantiene frente a otros gobiernos estatales, como Alabama, Carolina del Sur y Utah.

 "La resolución de hoy reafirma la supremacía del gobierno federal en el capítulo migratorio y relaciones exteriores. La opinión del juez Kennedy es un fuerte pronunciamiento para que los estados no desplieguen su propia política migratoria", consideró Michael Dorf, experto en derecho constitucional de la Universidad de Cornell.

La resolución del máximo tribunal es una victoria para Barack Obama que, apenas la semana pasada, anunciaba una prórroga administrativa para evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados de hasta 30 años que llegaron al país antes de los 16 años.

Precisamente, tras la resolución de la Suprema Corte, los expertos coincidían en señalar que ésta decisión reconoce el amplio margen de discrecionalidad que tiene el ejecutivo federal para decidir la prórroga de las deportaciones mediante las llamadas "acciones diferidas" para evitar así la expulsión de jóvenes que no representan ninguna amenaza para el país.

Por el contrario, la decisión supone un revés para el virtual candidato republicano, Mitt Romney, quien había considerado a la polémica ley SB 1070 como una legislación "modelo".

Nada más conocer los términos de la resolución, expertos del Centro de Derechos Constitucionales celebró que la Suprema Corte haya invalidado algunas de las provisiones de la SB 1070 -princpalmente las que criminalizaban a los inmigrantes por no llevar papeles o solicitar trabajo--, pero lamentaron el hecho de que haya dejado vigente la autoridad de la policía estatal a detener a inmigrantes bajo el argumento de la sospecha razonable de su estatus migratorio.

 "Esta medida puede dar paso a las detenciones indebidas a partir del perfil racial", consideraron al juzgar que el hecho de que ésta provisión haya permanecido es una victoria a medias de la SB 1070.

A pesar del revés propinado a la SB 1070, la gobernadora de Arizona declaraba victoria. Una victoria que, a todos efectos, le obligará a rendir cuentas a las autoridades federales sobre las acciones de sus agentes estatales en el frente migratorio.