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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene detectados “ocho riesgos institucionales” en todas la áreas de la dependencia que podrían facilitar la comisión de actos irregulares o ineficiencia de proyectos, principalmente, en el proceso de procuración de justicia.

En el mapa de riesgos, cuya copia tiene este diario, destacan que la información de las averiguaciones previas y del proceso penal no está organizada de manera integral y es poco confiable; que podrían presentarse filtraciones de información; que hay funciones indebidamente ejecutadas por personal sustantivo; deficiente investigación del delito; órdenes de aprehensión no ejecutadas (en la AFI).

Así como insuficiencias para asegurar la legalidad en el comportamiento de los servidores; inadecuada administración de los recursos humanos y falta de confianza en la institución por parte de los ciudadanos.

César Chávez, visitador General de la PGR, órgano encargado de vigilar la actuación de los servidores públicos y quien junto con la Oficialía Mayor, Órgano Interno de Control, desarrollaron el mapa de riesgos, aseguró que como parte de la estrategia anticorrupción no sólo es necesario sancionar, sino también identificar los problemas que posibilitan la comisión de conductas irregulares.

A partir de este diagnóstico, explicó el funcionario, se instruyeron 25 acciones de mejora para enfrentar las posibles deficiencias. En el caso de la información del proceso penal se creó un módulo informático para dar datos detallados y puntuales de aquellos casos en los que se ha ejercitado la acción penal.

“Se hicieron arreglos muy rápidos a los sistemas informáticos, al sistema de información estadística, para agregarle un modulo de seguimiento de sentencias”, dijo.

El funcionario señaló que la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control advirtieron que otro riesgo es la vulneración de información como venta de copias de averiguaciones previas o información sobre procesos penales.

Para contrarrestar este punto, explicó se diseñaron tres acciones como nuevas políticas de seguridad en tecnologías de información para normar y regular qué funcionarios tienen acceso a puertos USB, quienes pueden entrar a internet (correo electrónico), a redes sociales, quien puede traer celulares dentro de las oficinas de la PGR, que eviten la fuga de información.

De acuerdo con el documento también se ha desarrollado una campaña para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la confidencialidad de la información.

Para asegurar los espacios físicos, la Dirección General de Seguridad Institucional realizó el análisis de riesgo de algunos edificios de PGR, “se cuenta ahora con un esquema de medición del grado de seguridad de los inmuebles”.

En el caso de deficiente investigación del delito y órdenes de aprehensión no ejecutadas, Chávez Flores explicó que se impulsó un nuevo modelo de operación de la Policía Federal Ministerial (antes AFI) y en la ejecución de órdenes de aprehensión fijaron estándares de medición.