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Conquista sin retorno

En el siglo XXI México debe aspirar a hacer realidad para todas y todos el proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lunes 04 de octubre de 2010 Luis Arriaga | El Universal
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El Bicentenario tiene una fuerte dosis simbólica. Más allá de los símbolos éste tendría que celebrarse con las reservas que impone nuestra deteriorada situación económica. Pese a su carácter ritual el motivo de la conmemoración ofrece una oportunidad valiosa para reflexionar sobre la situación del país a  200 años del inicio de la independencia frente a los poderes coloniales de la época y a 100 años de una guerra civil que pugnó por la democratización y por la inclusión de las exigencias de sectores marginados, como los campesinos.
El pueblo mexicano ha logrado durante estos años conquistas valiosas de las que lamentable e injustamente han sido privados diversos colectivos. Las añejas disputas entre liberales y conservadores nos colocaron en el camino hacia mayores libertades personales frente a intereses corporativos. Otros avances, aunque frágiles, ha conseguido la sociedad en estos años: mayor participación, cierta pluralidad, normalización del proceso electoral y creación de instancias públicas cuya encomienda consiste en la salvaguarda de algunos derechos específicos. Las conquistas no han abarcado, sin embargo, la totalidad de la vida pública. A problemas de antaño, que persisten, se suman nuevas situaciones que exigen respuestas idóneas;  ejemplo de lo anterior:  las grandes concentraciones urbanas provocadas por la migración del campo a la ciudad, la desatención del campo en beneficio de la agricultura de corte industrial, la falta de reconocimiento pleno a la autonomía de los pueblos indígenas o la imposición de grandes obras que violentan el proyecto civilizatorio elegido por comunidades enteras. Muchas de estas demandas han sido reformuladas por la sociedad civil organizada, a la luz de los avances internacionales, en términos de derechos humanos. Desde esta perspectiva observamos una ausencia notable de políticas comprometidas con el respeto y garantía de estos derechos.

Prevalecen algunos puntos que en el contexto del bicentenario, no ya como celebración sino como decisión de dar continuidad a las reivindicaciones del pueblo mexicano, deben ser objeto de una seria reflexión que comprometa a los agentes del estado: 1) La reticencia manifiesta a establecer controles civiles sobre el ejército, es decir, la negativa o incapacidad de los tres poderes de la Unión a modificar o a declarar inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, empleado hoy para sustraer de la justicia civil a los miembros del ejército que cometen delitos que constituyen violaciones de derechos humanos de civiles. 2) La injerencia militar en seguridad pública y la negativa a establecer una eficiente estrategia de seguridad que parta del reconocimiento de los derechos humanos. Tenemos un ejército cuya actual estructura se consolidó en el contexto de los procesos derivados de la Revolución, en ese ámbito su apoyo al régimen constituido le otorgó privilegios que hoy son inadmisibles si aspiramos a la democratización de las instituciones y de la totalidad de la vida pública. Un país independiente y democrático sólo puede serlo si su ejército es transparente, si sus funciones no invaden el ámbito civil sino que se subordinan a éste y si evita constituirse como un poder que se sustrae a la acción de la justicia civil. 3) El reconocimiento de las autonomías indígenas, con especial atención a los derechos que estos tienen sobre los bienes que durante mucho tiempo han conservado y que hoy están bajo amenaza por la integración económica: agua, tierra, bosques y minas. 4) La relación de México con el exterior, asumiendo los procesos de integración pero con límites precisos en cuanto toca al respeto a los derechos humanos, es decir, no en subordinación a los intereses de otros países sino en colaboración con ellos para resolver con dignidad todos los problemas que nos involucran: contención de la delincuencia organizada, revitalización de las economías comunes y tránsito libre no sólo de mercancías sino de personas.
Podemos seguir completando rubros y aspectos urgentes que requieren atención. De ello, no me cabe duda.

México, con dos procesos que marcan simbólicamente avances o que expresan la intención de construir una sociedad donde sea posible vivir dignamente, en el siglo XXI no puede menos que aspirar a hacer realidad para todas y todos el proyecto expresado en la Declaración Universal: liberación del temor y de la miseria. Esto no puede lograrse si no se parte del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez



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