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Calderón defiende a PGR por michoacanazo

El Ejecutivo federal aseguró que la Procuraduría de la República tenía 'convicción' de la existencia de delitos para detener a los funcionarios municipales
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Video Godoy Toscano rinde protesta en San Lázaro.
El diputado electo Julio César Godoy evadió el operativo de la Policía Federal que buscaba detenerlo; la PGR estuvo detrás de Godoy desde junio de 2009 por supuestos nexos con ´La Familia Michoacana´

MORELIA | Jueves 30 de septiembre de 2010 Jorge Ramos / enviado | El Universal17:09
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El presidente Felipe Calderón defendió el sustento del caso que la PGR llevó ante los jueces de ediles y funcionarios michoacanos presuntamente implicados en el narco y acusó al juez de "desvirtuar" pruebas.

En entrevista con una emisora radial de esta entidad Calderón respondió en torno al asunto.

"Pero sí te puedo asegurar, Julio, que si no hubiese en la Procuraduría General de la República una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a personas, no se hubiera actuado de esa manera", aseguró hoy.

"Las actuaciones de la Procuraduría General de la República han sido apegadas a derecho y, precisamente, en ese ánimo que tenemos, espero que todos, de preservar la seguridad de los michoacanos y, consecuentemente, tener cero tolerancia para los criminales y para quienes los encubren.

"Porque una parte muy importante del fenómeno delincuencial, que padece este estado y muchos otros en el país es, precisamente, un fenómeno del andamiaje, la cobertura social o política, que facilita, obviamente, la acción de los criminales", explicó.

"En el caso concreto, desde luego, respeto la decisión del Poder Judicial, es evidente que es un proceso que continúa su curso, porque, hasta donde entiendo, la Procuraduría General de la República ha apelado diversas resoluciones del Juez Primero de lo Penal, radicado aquí, en Morelia".

Calderón dijo que "lo que me hacía observar el señor Procurador es que, por ejemplo, se ha exonerado a algunos funcionarios con argumentos que, a juicio del Procurador, son argumentos infundados".

Y abundó: "Los elementos incriminatorios son de diverso tipo. Hay testigos. Hay testigos que afirman la vinculación de alguno o algunos de esos servidores públicos con la criminalidad. Hay, también, evidencias que se han encontrando en diversos cateos practicados bajo autorización judicial en, precisamente, acciones de persecución de delincuentes, en donde se han encontrado listas de pago de los criminales hacia las autoridades, donde aparecen varios de los involucrados".

Calderón añadió que "hay, también, según entiendo, grabaciones telefónicas que fueron exhibidas ante el Juez, donde se prueba el vínculo específico de algunos de ellos con criminales. En fin. Una serie de evidencias".

Y "la manera en el que el Juez las desvirtúa, por ejemplo, te cito una. Es en que no le da validez al testimonio de varios testigos en donde hacen imputación contra estos servidores, o algunos de ellos, con el argumento de que los testigos, no digo los inculpados, los testigos no estaban acompañados de un abogado, lo cual es verdaderamente absurdo y, además, ilegal, a mi juicio, porque, precisamente, los testigos, sobre todo cuando acuden por su propia voluntad, no requieren estar acompañados de un abogado".

El mandatario sostuvo que "son testigos, no son inculpados, no son reos, no son acusados, son testigos y, en consecuencia, no requieren estar acompañados de un abogado. Y en cualquier caso, eso no puede invalidar su testimonio, como lo hizo el Juez Primero de lo Penal, según ha reportado el Procurador General de la República".

No obstante, "yo, en cualquier caso, respetaré las decisiones de los Tribunales. Por esa misma razón la Procuraduría ha continuado el procedimiento, ahora, desde luego, con estas 34 personas en libertad, conforme a los principios de presunción de inocencia, que rigen en la Constitución".

Y dijo "que si no hubiese en la Procuraduría General de la República una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a personas, no se hubiera actuado de esa manera".

Lo que subyace en el fondo son dos cosas, apuntó:

"Primero. Una problemática muy severa en el estado y en México, que es la actuación de la criminalidad, que no había encontrado prácticamente resistencia durante muchos años y que, en consecuencia, se habían señoreado de pueblos, de comunidades y de sociedades en muchas partes del país. Por desgracia en algunas partes de Michoacán.

"Y segundo. La determinación de mi Gobierno de lograr preservar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, para lo cual se requiere un compromiso firme, perseverante de acción de la justicia en todos los casos en que se encuentren evidencias, que es, precisamente, el caso que nos ocupa y que lamentablemente ha polarizado a grupos políticos".

Calderón subrayó que "esto es un asunto de legalidad, esto es un asunto de justicia, y las autoridades judiciales en última instancia que está, desde luego, en curso de ser resuelta, en última instancia resuelven definitivamente estos casos, yo respetaré esas resoluciones, cualquiera que sea el sentido que sea".

cg



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