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Organismos ciudadanos demandaron aquí al presidente Felipe Calderón y al gobernador Rodrigo Medina la aplicación inmediata del mando único policial y no esperar las reforma en la materia, ante la ola delictiva actual.

En el marco del encuentro denominado 'Compromisos por la seguridad: del diálogo a la acción', convocado por el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (CCINLAC) , se refrendó el apoyo a las acciones gubernamentales, pero al mismo tiempo se exigió el compromiso para tener resultados positivos en esta lucha.

El consejero del CCINLAC, Víctor Zorrillacito, señaló que en el ámbito local, la Constitución contempla que el ejecutivo asuma el control de las corporaciones policiales en caso de fuerza mayor, por lo que en la coyuntura actual hace falta que se tome el mando al respecto.

A su vez, Manuel Treviño de Hoyos, también integrante del CCINLAC, exigió a municipios y estados no esperar a reformas y se enmarque a las policías en un solo mando.

Otra inquietud planteada fue referente a las reformas en materia de justicia penal, donde no se dan resultados sin compromiso, manifestó.

'El tiempo se acaba para hacer el cambio institucional más importante del sexenio', por lo que urge acelerar esta tarea, subrayó.

Destacó que otras de las inquietudes planteadas son el de asegurar el cumplimiento de los policías en el reporte de delitos, fortalecer la Plataforma México, a la par de la capacitación y control policial.

Otra propuesta hecha al presidente a Felipe Calderón fue por parte de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (Espere) , consistente en esquemas tendientes a reducir los índices delictivos y que han tenido resultados positivos en países de América Latina, como Colombia.

La representante de Espere, Consuelo Bañuelos, señaló que mediante dicho esquema promovido en penales y zonas de riesgo se ha reducido la criminalidad en 57%.

Mencionó que dicho esquema opera en México desde hace siete años y en Nuevo León apenas inicia, por lo que es necesario contar con apoyos para material didáctico, pago de facilitadores, asignación de espacios en zonas conflictivas y de 'zonas para la paz' en penales.

fml