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 Las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA) hicieron un llamado al gobierno Federal, a sus distintas entidades y a los gobiernos estatales para garantizar que los órganos de transparencia sean “autónomos” y sus resoluciones sean “definitivas e inacatables”.

Éste llamado, lo hicieron los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, y de la ONU, Frank La Rue después de su visita a nuestro país del 9 al 24 de agosto pasado, donde se les informó que recientemente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aceptó revisar dos resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI).

En las conclusiones preliminares, los relatores reconocieron que antes los tribunales rechazaban los intentos de las autoridades públicas de impugnar judicialmente las resoluciones del IFAI, pero ahora, mostraron su “preocupación” después de que el Tribunal de Justicia Fiscal declaró la nulidad parcial en una de ellas, mediante la cual se había ordenado a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar las versiones públicas de las averiguaciones previas de un caso.

Por ello, manifestaron su preocupación por la existencia de litigios que pretenden controvertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.

Como el contenido de la Ley de Transparencia de Campeche, que permite la impugnación de resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública local; y por las interpretaciones que los órganos del Ejecutivo de Sinaloa hacen en contra del carácter definitivo de las resoluciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

Al respecto, expresaron su preocupación por estos hechos, pues advirtieron que la posibilidad de los sujetos obligados de impugnar mediante recursos ordinarios las resoluciones del IFAI y de las entidades estatales equivalentes, “conduce a negar a la persona el derecho a obtener la información solicitada a través de un proceso sencillo, expedito y especializado, privando así al derecho de acceso a la información de su efecto útil”.

Además, los funcionarios internacionales también reconocieron que se debe garantizar el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas solamente cuando éstas se hayan concluido o inactivas durante un plazo razonable.

Pues destacaron que mantener en reserva las averiguaciones previas abiertas no afecta la investigación y proteger datos sensibles; sin embargo, consideran que la entrega de una versión pública de la información de averiguaciones ya concluidas o inactivas durante años, promueve la publicidad del proceso y es garantía para el adecuado control inter-orgánico y social sobre los órganos de procuración de justicia.
Además, los funcionarios observaron y advirtieron que el marco jurídico e institucional que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal.
A pesar de que reconocieron que México se ha convertido en un referente por los “notables avances” alcanzados en materia de acceso a la información y el IFAI, en un organismo que ha jugado “un papel ejemplar” en la protección de ese derecho y en el desarrollo de una cultura de transparencia.
Cabe recordar que los relatores estuvieron en el Distrito Federal, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Estado de México, en donde se reunieron con más de 100 funcionarios de distintos poderes, así como con titulares de órganos autónomos, periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad, familiares de periodistas asesinados e integrantes de la comunidad internacional radicada aquí, con el propósito de observar  la situación de la libertad de expresión en el país y en una de esas reuniones fue con los comisionados del IFAI.
Las conclusiones preliminares, cuyo contenido será incorporado al informe final de las dos relatorías, éstas dejan constancia de que los artículos 6º y 7º de la Constitución protegen, de manera explícita, los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, además de que existen avances legales destacables, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus equivalentes a nivel local.

 

sc