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El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, afirmó que el desmantelamiento de las bandas criminales que actúan a lo largo de las rutas migratorias del país se hará sin titubeos ni improvisaciones.

El funcionario refrendó el compromiso del gobierno federal de actuar con mayores acciones de inteligencia e incluso con el despliegue de agentes federales donde así se requiera, a fin de erradicar la impunidad y enfrentar con determinación a quienes han convertido a los migrantes en blanco de ataques.

'Es evidente que existe la voluntad política para hacer frente, sin titubeos, a una problemática tan grave como lo es la salvaguarda de la integridad de los migrantes que se han convertido en un blanco lamentablemente de la delincuencia organizada', puntualizó.

Al signar con autoridades de Tabasco, Campeche y Chiapas un convenio para establecer la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes en la Frontera Sur, empeñó el compromiso de no permitir que sucedan otra vez hechos como el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

'Hemos reconocido desde un inicio el desafío que significa revertir las agresiones contra los migrantes. Este es el compromiso central que el día de hoy venimos a refrendar', expuso en la estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas.

Blake Mora aclaró que la lucha contra el fenómeno transfronterizo de la migración requiere de la coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, 'más allá de las diferencias políticas e ideológicas', e incluso de trabajar con los países vecinos.

Consideró que la firma del convenio muestra que los distintos órdenes de gobierno 'estamos dando respuestas coordinadas que exigen los desafíos de la seguridad, y que no hay división cuando el propósito es honrar la tradición de paz y de hospitalidad que ha caracterizado a nuestro país'.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) resaltó que previo a la firma del convenio se llevó a cabo una reunión con delegados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) , de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas.
El objetivo, explicó, fue revisar 'con detalle' las rutas internacionales por donde se registran acciones ilegales contra los migrantes com son: Honduras-Guatemala-Chiapas-Veracruz-Tamaulipas; El Salvador-Guatemala-Chiapas-Tamaulipas y Guatemala-Tabasco-Tamaulipas.

En el encuentro sostuvo que 'tenemos que trabajar juntos, tenemos que poner un alto a esta situación, sobre todo de violencia al migrante. Por eso, en las principales rutas de comunicación entre México y Centroamérica tenemos que hacer que disminuyan también los índices de impunidad'.

Respecto a las cinco acciones dadas a conocer por el gobierno federal para poner un alto a la violencia contra los migrantes, explicó que la estrategia pretende reforzar las capacidades de inteligencia de las instancias federales para garantizar la seguridad en las vías de comunicación.
Además 'para que haya un intercambio de información, por supuesto, entre las autoridades', y señaló que en los casos en los que sea necesario apoyar con agentes federales 'la respuesta se brindará con la mayor prontitud y coordinación posible'.

'Considerando la dimensión humana de esta realidad es que los mecanismos de atención especial a víctimas extranjeras constituyen un aspecto prioritario en la estrategia', puntualizó.
Francisco Blake refirió que con el convenio firmado con los gobiernos de dichos estados 'nos comprometemos a agilizar y a hacer más eficiente esta labor, proporcionando atención médica y apoyo psicológico, así como albergue, alimentación y asesoría jurídica'.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes los gobernadores de Campeche, Fernando Ortega, y de Tabasco, Andrés Granier Melo, así como Raciel López Salazar, procurador General de Justicia de Chiapas.

Además Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América Latina y El Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob; y la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo.