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Los ministros de Finanzas de los Veintisiete debatirán el próximo martes la imposición de nuevas tasas a las instituciones financieras con el objetivo de desincentivar las prácticas abusivas que provocaron la crisis y de obligar a los bancos a que contribuyan a financiar sus bancarrotas.

Los líderes europeos ya acordaron el pasado 17 de junio la introducción de un gravamen y ahora toca a sus responsables económicos el comenzar a perfilar una posición común sobre la modalidad del mismo y el destino de lo recaudado de cara a la próxima reunión del G-20 en Seúl, a la que Europa quiere acudir con una posición fuerte.

En el último encuentro del foro internacional, celebrado en Toronto el 27 de junio, la tasa bancaria no logró suscitar el entusiasmo cosechado en los encuentros más próximos a la eclosión de la crisis, y la cita terminó sin acuerdo ante la oposición de países como Canadá o Brasil, cuyos bancos resistieron mejor el embate.

Tampoco hay consenso en la Unión Europea (UE) , por lo que el Ejecutivo comunitario ha preparado un documento de trabajo para centrar las discusiones, en el que diferencia entre dos tipos formatos: un impuesto sobre las actividades bancarias y una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, que en principio no son excluyentes.

Alemania ya ha aprobado una tasa sobre las actividades bancarias, mientras que Francia y Reino Unido han anunciado su disposición a hacer lo mismo, a sabiendas de que un impuesto sobre las transacciones financieras requeriría de un difícil consenso internacional para evitar poner en desventaja a las entidades europeas y provocar una huida de capitales.

Tampoco hay acuerdo sobre el empleo del dinero recaudado, que Bruselas quiere destinar a crear un fondo por cada país de la UE para financiar reestructuraciones de bancos; mientras que Francia apuesta por emplear en sanear los presupuestos nacionales, maltrechos por la crisis que los bancos contribuyeron a provocar.

Otras voces barajan la posibilidad de que el dinero alimente el presupuesto de la Unión Europea o incluso la financiación de políticas contra el cambio climático.

Por este motivo, fuentes diplomáticas aseguran que el Ecofin finalizará sin acuerdos concretos, más allá de avanzar en el debate de cara a la cumbre de líderes europeos del 16 de septiembre y reafirmar el punto de partida: Evitar que el contribuyente pague por los riesgos asumidos en el sector financiero, cuyo rescate costó el 16,5% del PIB europeo durante la crisis.

Cg