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Para "fortalecer la gobernabilidad democrática", en el último año el Ejecutivo Federal presentó 23 iniciativas de Ley, de las cuales se aprobaron 11, se desechó una y quedaron pendientes 11, entre las que destaca la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo al IV Informe de Gobierno en su apartado sobre Democracia efectiva, dicha legislación definirá la participación de las fuerzas armadas y sus atribuciones en materia de seguridad interior a través de un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior.

Esta iniciativa fue aprobada el 27 de abril de 2010 y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, además de la Ley de ascensos de la Armada de México, que otorgará certeza jurídica a las fuerzas navales. Fue aprobada el 27 de abril de 2010 y está en proceso de promulgación por parte del Ejecutivo federal.

El 6 de abril se presentó a la Cámara de Diputados la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Entre sus objetivos está facultar a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) para realizar investigaciones y formular denuncias, así como determinar que las deliberaciones del pleno de la comisión deberán contar con los votos de todos los comisionados. Fue aprobada por los diputados el 29 de abril y actualmente está pendiente de aprobación en el Senado de la República.

El gobierno federal resaltó que en ese periodo de las 11 iniciativas aprobadas están la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y la Ley General de Salud.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal atendió más de 16 mil asuntos, que comprenden la asignación o asunción de la representación presidencial en los juicios de amparo notificados al titular del Ejecutivo como autoridad responsable.

"También el desahogo de diversos requerimientos judiciales en los que interviene el Presidente de la República con cualquier carácter", indica el documento.

Se registraron 58 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, juicios de nulidad contra actos administrativos en coordinación con las secretarías de Estado que tienen interés jurídico en su resolución.

Para fomentar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en los gobiernos municipales, se firmaron cinco convenios de colaboración con los Institutos Estatales de Transparencia y Acceso a la Información.

Dichos convenios fueron firmados con los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Tlaxcala.

spb