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Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indígenas y ver esos “monitos” resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya había intentado casi todo para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en Tijuana, obrero en Guadalajara.

A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década de los 50, le daban mil pesos. Todas tenían su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en el pueblo de Santa Rosalía o a Magdalena, en Jalisco. “Ahora esas piezas son muy valiosas, de 50 mil o 100 mil pesos. Había de muchas, había unas como de guerreros, grandes; todos esos monos que tenían lanzas valían muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los que hacían negocio eran los que venían por ellas”.

Antes de que llegaran los primeros arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de obsidiana, hasta figuras de indígenas de medio metro. “Había muchos pozos con monos”, es la manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las “tumbas de tiro” (túnel de cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la “tradición Teuchitlán”, que data de 300 a 400 años d.C.).

A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todavía acompañó a un grupo, pero la experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los países con mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en América Latina.

De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadísticas personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30 destrucciones de sitios por día.

Entre todos los sitios registrados como lugares de vestigios prehispánicos, sólo 176 en 19 estados de la república son considerados “zonas arqueológicas” abiertas al público.

Para el director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la situación de alto saqueo en México sólo se compara con países en conflictos bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia, o con Guatemala.

La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, que ha estudiado el saqueo en Irak, compara el peligro de robo de los bienes culturales mexicanos con lo que ocurrió en aquel país en guerra; además, se lamenta: “El saqueo es un problema de los países pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museo”.

En los pueblos de la región occidente del país se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar monitos, es decir, figuras antropomorfas de hasta 2 mil años de antigüedad que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.

Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohíbe el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerías o en páginas de internet de países donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.

Si un europeo compra en su país una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró “de buena fe” sin conocer su procedencia ilegal.

“Existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el vínculo que une al Estado con su patrimonio arqueológico”, considera el abogado Jorge Sánchez Cordera, integrante del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO.

El catálogo en línea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sotheby’s, con sedes en Londres y Nueva York, muestra una “mujer de Jalisco sentada” que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un “jorobado de Jalisco agachado” en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza.

La galería parisina Binoche Renaud Giquello —que ya tuvo una denuncia del gobierno mexicano por una subasta de piezas producto de excavaciones clandestinas realizadas el 14 de junio— exhibe en su página web una pieza de “actualidad”: una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125 mil euros. Aunque de dudosa autenticidad, también es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales de internet como eBay o Mercado Libre, entre otros.

“No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse... Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro país ni en otros”, explica René Salazar Montes, ministerio público y director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la PGR.

Tan ilícito como el narco

El problema es también de desconocimiento. Si no se sabe qué se tiene, tampoco se puede saber qué se saquea o comercializa ilegalmente. Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio.

“Todo el país es una zona arqueológica... la institución (INAH) no se da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas. Mucha gente lo relaciona con quienes se dedican al narco, porque se toma como otro elemento de poder el vender estos objetos, de obtener ganancias, pero también cierto prestigio. Estas redes son más fuertes y sólidas de lo que podemos suponer, pero como institución no nos hemos abocado sobre un control o una base de datos de lo que está pasando a nivel de denuncias”, opina Paredes.

Esa base de datos de denuncias tampoco está en la Procuraduría General de la República (PGR). Según René Salazar, no hay denuncias por saqueo y las denuncias por robo de piezas se realizan en cada delegación o municipio. No se tiene a nivel federal una lista.

La PGR descarta el vínculo del tráfico ilícito de bienes culturales con el narcotráfico, incluso la existencia misma de “redes” de saqueadores y comerciantes de piezas arqueológicas, pero tampoco han descubierto cómo operan exactamente saqueadores y comerciantes, dice René Salazar Montes.

“Si tuviéramos identificadas bien las formas, tendríamos ya mejores resultados. Lo que nosotros creemos es que se sacan por aduanas, por carretera o por avión, pero haciéndolas pasar por artesanías... Si la droga la sacan en grandes cantidades, pues a veces figuras pequeñas pueden salir ocultas bajo cualquier cobertura”, complementa Salazar.

Para Edouard Planche, de la UNESCO, “el tráfico de objetos culturales está estrechamente vinculado al tráfico de drogas y armas, e involucra el mismo tipo de personas y es difícil cuantificar qué tan grande es y cuánto dinero genera”.

Operativo de la PGR

Este delito no es nuevo, por más de una década se ha documentado en la prensa el tráfico ilícito de piezas arqueológicas. A mediados de los 90, el New York Times publicó un reportaje del periodista William H. Honan, donde da a conocer el testimonio del traficante Val Edwards, quien confesó que las piezas precolombinas que llevaba a Estados Unidos por avión pasaban como artesanías y estuvieron en el catálogo de Sotheby’s para una subasta en 1994. O casos como el de Leonardo Patterson, quien antes de ser denunciado llegó a exhibir piezas en Europa que él mismo sacó de México.

Este año la PGR recuperó 252 piezas arqueológicas, aunque 84 eran falsas. No se conoce el total de piezas traficadas que siguen sin recuperarse ni se pueden ofrecer estadísticas de los casos resueltos o en proceso. Cada caso puede tardar de meses a años de investigación, explica el ministerio público René Salazar.

Las investigadoras Blanca Paredes y Ana Garduño coinciden en la falta de inventarios completos sobre el total de patrimonio cultural que tiene el país en cuanto a piezas arqueológicas; ésta sería una forma de saber, si no lo que se ha perdido, sí lo que se tiene actualmente para poder protegerlo mejor.

Una de las formas en que una pieza puede buscarse internacionalmente es a través de la ficha llamada “Object ID”, que exige la imagen del objeto extraviado, explica Paredes; si no se tienen datos mínimos como ése, poco se puede hacer para recuperar el patrimonio.

En opinión del arqueólogo Phil Weigand, quien estudia asentamientos prehispánicos en la región de Jalisco desde hace 10 años, los saqueadores y traficantes han sido beneficiados por un sistema de gobierno que concentra todo el poder en la capital del país.

Aunque Planche considera que el gobierno mexicano ha sido muy activo al tomar medidas para prevenir el saqueo, para él los problemas más importantes del país que sufre este problema son la necesidad de un entrenamiento legal y un marco normativo nacional adaptado a los tratados internacionales (como los realizados en 1979 y 1995), además de buscar la sensibilización de la población local y los turistas sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural como un recurso no renovable.

Como una forma de advertir sobre el riesgo en que están ciertas piezas, el Consejo Internacional de los Museos (ICOM), publicó en mayo de este año la Lista roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México. En ésta se enumeran como objetos en peligro de ser susceptibles de tráfico ilícito las estelas mayas, máscaras teotihuacanas, figurillas olmecas, colgantes y placas mayas, además de piezas de arte colonial.

La encargada de proyectos Listas rojas del ICOM, Marine Mayer, advierte que la acción principal para solucionar el saqueo y tráfico arqueológico es educar a la población, desde la infancia. Además, el gobierno federal debe capacitar a los profesionales de la cultura, así como funcionarios, policía, aduana e incluso correo, ya que este medio es empleado por los traficantes de piezas.

Durante sus investigaciones en Irak, Elizabeth Stone consideró que lo más importante es atacar la corrupción en cadena: “Hay que pensar en lo ilegal de esto como pensamos en todo lo demás que es ilegal, como las drogas”.