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MCALLEN, Texas.— El paso de una camioneta con los vidrios polarizados, el rechinido de unas llantas, la entrada de un grupo de extraños a un restaurante o la llamada desde un número desconocido son motivos suficientes para la preocupación y la alerta. Al sur del río Bravo, en las poblaciones pegadas a la frontera, se vive a diario con desesperación, miedo y sicosis.

En Tamaulipas o Nuevo León, desde Nuevo Laredo a Matamoros o hacia Monterrey, se multiplican las historias de quienes han sufrido uno o más secuestros, extorsiones y balaceras. Es común oír a quien se le murió un amigo, un familiar o un vecino alcanzado por una bala perdida.

Si alguien cruza durante el paso de un convoy de sicarios empieza a rezar para que en ese momento no pasen las patrullas con elementos del Ejército Mexicano o tendrá la mala suerte de quedar en medio del fuego cruzado.

La sicosis se convierte en el medio perfecto para propagar rumores sobre próximos enfrentamientos o ataques contra la población orquestados por Los Zetas o sus adversarios del cártel del Golfo, en disputa por el control de la plaza. Las alertas se esparcen por las redes sociales, correos electrónicos o conversaciones, y la más reciente fue un supuesto boicot a la instalación de casillas para la elección de gobernador en Tamaulipas. El asesinato del candidato priísta Rodolfo Torre Cantú alimentó ese rumor.

Por eso muchos mexicanos que radican en ciudades como Reynosa, Matamoros o Monterrey huyen hacia este lado, al Valle de Texas. Vienen con sus familias y el dinero reunido, de manera legal o sin documentos.

Los desplazados por la violencia que ha impuesto el narcotráfico en el noreste mexicano son ricos y pobres, porque nadie se salva de esta ola criminal que ha dejado ciudades vacías y poblaciones sin autoridad.

Mier, Camargo, Ciudad Miguel Alemán y Nueva Ciudad Guerrero son comunidades fantasma. Ahí los negocios han cerrado y predominan las casas abandonadas. El pasado 27 de febrero los habitantes de Camargo enfrentaron una jornada de violencia que se prolongó durante toda una noche. Las calles de esa población eran prácticamente una zona de guerra.

La presidencia municipal de Camargo fue baleada, como también la Notaría Pública del alcalde José Correa, de quien los lugareños aseguran que ahora su nuevo despacho está en la población texana de Río Grande, y solamente acude a Camargo para supervisar alguna obra o poner en marcha ciertos programas.

Pocos se atreven a transitar por la carretera que une a Camargo con Reynosa —“La Ribereña”, como la conocen aquí por su trazo que corre paralelo al río Bravo—, pues esa vialidad ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre bandas rivales del narco.

Aquí todos saben que Los Zetas y el cártel del Golfo instalan a diario sus retenes a fin de ubicar y neutralizar a los adversarios.

No hay cifras oficiales sobre la dimensión de este desplazamiento humano hacia el norte del río Bravo, como resultado de la violencia en México. Del lado estadounidense los que han logrado hacer un cálculo somero son los corredores inmobiliarios o los organismos empresariales, con base en la venta y renta de casas, o el incremento de negocios propiedad de mexicanos.

Víctor Castillo, integrante de la Cámara de Comercio de McAllen, dice que con base en datos de los afiliados que pertenecen al sector inmobiliario, 400 familias de mexicanos llegaron a vivir en los últimos seis meses a ciudades del sur de Texas, como Mission, Edimburgo y McAllen. De acuerdo con estos cálculos, a diario dos familias mexicanas han comprado o rentado casa en esta región de la Unión Americana.

Para comprar o rentar una casa en EU no es necesario tener la ciudadanía o demostrar la estancia legal, basta con comprobar ingresos o la solvencia económica para pagar la hipoteca o la mensualidad, explica Víctor Castillo.

En San Antonio, Pepa Thomas, agente inmobiliaria de la empresa RE/MAX, dice que hasta hace cuatro años 35% de sus clientes eran mexicanos. Hoy esa cartera de clientes es de 80%.

Son mexicanos ricos los que se acercan con Pepa Thomas; esos compradores han conseguido visa de empresario y buscan casas con valores superiores a los 250 mil dólares.

También adquieren bodegas o locales en las zonas industriales y comerciales más importantes de esa ciudad para instalar la nueva sucursal del negocio que abandonaron en territorio mexicano a causa de la inseguridad.

Estos desplazados huyen de los secuestros y las cuantiosas extorsiones que les exigen bandas del crimen organizado.

Pat Ahumada, alcalde de la ciudad de Brownsville, cuenta la historia de un amigo que el año pasado cerró una maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, porque los narcotraficantes lo extorsionaban con un pago de 16 mil dólares al mes a cambio de no matarlo o no quemarle la empresa. Por este hecho se perdieron un gran número de empleos por el cierre de la compañía.

A pesar de la llegada masiva de mexicanos al sur de Texas, Pat Ahumada dice que por información obtenida en una reunión en Washington a inicios de 2010, descubrió que los oficiales estadounidenses de migración reciben premios de productividad de hasta mil dólares al mes si rechazan a cierto número de mexicanos con visa que piden ingresar a Estados Unidos.

El alcalde de Brownsville dice que por datos proporcionados también en Washington, a lo largo de la frontera de la Unión Americana con México se estima una actividad económica anual de 8 mil millones de dólares, gracias a los mexicanos que viven, trabajan, compran, hacen negocios o turismo a lo largo de la franja fronteriza.

Ahumada recibe a muchos empresarios que le piden apoyo para instalar en esta ciudad una sucursal de aquellos negocios que ya no pueden existir del lado mexicano.

Uno de esos empresarios hace antesala en espera de una audiencia con Pat Ahumada y mientras eso ocurre habla de su propia historia como víctima del crimen organizado en México.

Al dedicarse junto con su familia a la venta de ropa, uno de sus mercados principales está en la Ciudad de México, pero ahí su hermano ha sido secuestrado en dos ocasiones. Ese hermano dejará el DF para radicar en Brownsville.

La huida de los pobres

Los pobres pasan la frontera con visa o sin ella. Son trabajadores agrícolas o pequeños comerciantes que tampoco escaparon de las extorsiones y la violencia.

A 35 kilómetros al oeste de McAllen se ubica una pequeña comunidad de 50 mil habitantes llamada La Joya. En los últimos dos años el sheriff de esta población ha enfrentado un incremento exponencial en el tráfico de indocumentados y de drogas que él mide por el número de persecuciones a camionetas de polleros o traficantes.

“Antes teníamos una persecución por mes, pero ahora tenemos dos o tres por semana. Hace un par de semanas tuvimos dos persecuciones al mismo tiempo”, dice José del Ángel.

En la oficina del sheriff hay decenas de videos con grabaciones de cada una de las cacerías. En las imágenes se observan camionetas que circulan a toda velocidad por caminos locales y que en su huida se salen de la vía para estrellarse contra árboles o vallas. De las camionetas salen en estampida 25 o 30 indocumentados que viajaban hacinados en esos vehículos.

“Lo que hemos visto recientemente es a personas que cruzan el río y que están huyendo del crimen. Cuando los detenemos les preguntamos por qué se vienen para acá y dicen que no sólo están en busca de trabajo. Dicen que están viviendo un situación muy fea en México porque no hay trabajo, hay mucha delincuencia y les da miedo hasta salir de sus casas”, explica el sheriff.

Los indocumentados que detiene la policía de La Joya proceden de diversos estados, como Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Cruzan por esta comunidad porque, a decir de José del Ángel, aquí no hay una alta incidencia delictiva y eso le permite a los oficiales centrar su atención en el tráfico de drogas y de gente sin papeles.

También cuentan factores geográficos, pues en este punto de la frontera el río Bravo no es tan hondo. Los mexicanos que han cruzado saben que mientras no sea temporada de lluvia el nivel del río no les cubrirá más arriba de la cintura. Además, quien conozca la zona sabrá que hay caminos de terracería poco vigilados por la Border Patrol, por donde podrán sortear las garitas de migración que se encuentran en las autopistas que llevan a Dallas, Austin o Houston.

La unión del pueblo entero

Al sur de Texas, en el territorio que abarca el condado de Hidalgo, opera una organización de apoyo a migrantes llamada La Unión del Pueblo Entero (LUPE). Esa agrupación surgió en 1989 por iniciativa de César Chávez, un hijo de migrantes mexicanos promotor de los derechos de los connacionales en Estados Unidos.

Hoy LUPE cuenta con 6 mil afiliados y una amplia estructura financiera sustentada en las cuotas aportadas por sus miembros, lo que le permitió construir dos unidades habitacionales en las comunidades de Pharr y Mercedes.

En conjunto, esas unidades habitacionales tienen 426 departamentos que la organización ha puesto en renta a los mexicanos desde el año 2006, sin importar en lo absoluto la situación migratoria de los inquilinos.

Juanita Valdez, directora ejecutiva de LUPE, dice que por la inseguridad en México todos los departamentos están ocupados y hay decenas de familias de Reynosa, Matamoros, Ciudad Mier o Camargo en lista de espera para instalarse en la primera vivienda que quede libre.

“A principios de 2009 teníamos 20% de los departamentos vacíos, pero en diciembre pasado todos se llenaron. Hoy los ocupantes han renovado su contrato y tienen la posibilidad de refrendarlo por tiempo ilimitado, siempre y cuando tengan la capacidad económica para pagar la renta”, explica Juanita Valdez.

Casa Saldaña, en la comunidad de Mercedes, es el nombre de una de esas unidades habitacionales. Ahí los departamentos en nada se parecen a las pequeñas viviendas que en México construye el Infonavit. Estas son casas de entre 70 y 100 metros cuadrados, con dos recámaras, dos baños, sala y comedor, en el caso de las más modestas, además de áreas comunes en las que hay juegos infantiles, áreas verdes y una alberca.

La renta mínima es de 200 dólares por mes, aunque puede subir hasta 600 dólares, de acuerdo con el nivel de ingresos familiar. Aún así, este es un pago mínimo si se toma en cuenta que en la zona metropolitana de McAllen las rentas más baratas son de 700 dólares.

El miedo a hablar

Los mexicanos han huido de la violencia y el crimen en México, pero se trajeron su miedo. Ninguno de ellos quiere contar su historia y quienes lo hacen se reservan su nombre o datos de su vida, pues a pesar de que compraron casas e instalaron aquí nuevos negocios, no se han desligado por completo de México.

Del lado sur de la frontera aún quedan integrantes de la familia que no han podido cruzar, parte de los negocios que todavía no han cerrado o propiedades que dejaron abandonadas y que visitan de vez en cuando.

Sobre la avenida Chicago, en el centro de McAllen, una mujer de 60 años y su hijo tienen un negocio de venta de ropa para mujer. “Por 60 años viví en Reynosa, pero allá no se puede estar. Aquello no es vida”, dice la señora.

Su hijo Juan Carlos aún cruza del lado mexicano porque todavía tiene socios y negocios al sur de la frontera, pero toma precauciones, como llamar por teléfono a sus conocidos en Reynosa para que lo alerten de posibles balaceras o retenes del narco en las carreteras.

“Yo me prevengo antes de cruzar la frontera, porque no me quiero topar con las camionetas de los narcos —dice Juan Carlos—. Sabemos que son ellos porque en las portezuelas traen las iniciales CDG (cártel del Golfo) o XXX M3 (abreviatura que simboliza una alianza entre el cártel del Golfo, La Familia Michoacana y el grupo de El Chapo Guzmán en contra de Los Zetas)”.

En una estación de radio de McAllen, Texas, La Tremenda 1530 de amplitud modulada, la conductora del programa de análisis político y noticias, Buenos Diez, Brenda Huerta, abre sus micrófonos al tema de los desplazados por la violencia en México a petición de EL UNIVERSAL.

De entre las llamadas que llegan a la cabina, pero fuera del aire, una mujer habla de su esposo, deportado en fecha reciente a México.

Él vive en Matamoros y ella en Brownsville. Durante los fines de semana la señora cruza la frontera para visitar a su marido, cada vez más estresado y temeroso.

“Él trabaja en una ruta de camiones del transporte de pasajeros, pero cuando se enfrentan los narcotraficantes le quitan el camión y bloquean las calles. Cuando se balacean abandonan los camiones o los queman; hacen lo que quieren. En la ruta donde trabaja mi esposo le exigen a cada chofer 450 pesos al mes o los golpean”, dice la radioescucha entre sollozos.

“Ya están aquí”

Otra señora que habla a la cabina de Buenos Diez defiende la labor del Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico, porque los militares “se están rajando el físico; además, por qué estamos preocupándonos tanto por lo de allá, si ya los malos están aquí también; ya tenemos grupos de pandilleros, de la Mara Salvatrucha en este lado”, acusa esta mujer.

De acuerdo con las autoridades de Brownsville, de McAllen y de todo el condado de Hidalgo, las pandillas al sur de Texas dejaron de ser un problema, pues a partir de 2006 los miembros de grupos como Los Maras, la Mexican Mafia, los Try City Bombers o los Brotherhoods fueron llevados a la cárcel.

Con datos del Departamento de Policía de McAllen, los integrantes de la Cámara de Comercio de esa ciudad aseguran que la región es una de las más seguras de toda la Unión Americana. Durante 2009 en McAllen se cometieron 8 mil 373 ilícitos, como asaltos a comercios y robo de vehículos. Sólo se reportaron cuatro homicidios.

Sobre la inseguridad del lado mexicano, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas reporta que el año pasado se iniciaron en Reynosa 10 mil 612 averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, amenazas o portación de armas y de drogas, mientras que en Matamoros se interpusieron 7 mil 370 denuncias.

De acuerdo con esa información, el índice criminal de esas ciudades fronterizas es muy similar e incluso menor al de McAllen, una población catalogada como una de las más seguras de la Unión Americana por la revista Forbes y la aseguradora Farmers Insurance Group, que la colocan entre las 50 más seguras y estables de 100 poblaciones de EU para vivir y hacer negocios.

Por eso muchos mexicanos que han llegado aquí no regresan a México y quienes lo hacían con frecuencia hoy tienen meses e incluso años que no han vuelto.

Jilma Sánchez, copropietaria del restaurante María´s, en el centro de McAllen, es de las personas que ya no viajan a México. “Yo soy amante de Las Chivas del Guadalajara y con mi familia me iba al estadio de futbol a ver partidos como el clásico contra el América, pero la última vez cancelamos. Ahorita tenemos planeado ir en julio para la inauguración del nuevo estadio, espero que no pase nada para entonces”, dice.

Originaria de Jalisco, Jilma tiene a sus padres, a su hermana y sobrinos viviendo en esa entidad. Ella contrató un abogado en McAllen para traerse a los más jóvenes de la familia y conseguirles la doble ciudadanía. No hará lo mismo con los mayores, “porque ellos se resignan y se quedan, se conforman a pesar de la situación tan difícil”.

Migración en el interior

En Matamoros, la inseguridad ha generado una crisis de la industria maquiladora, base de la economía en la región. Cirila Quintero, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, estima que del año 2000 a la fecha se han perdido unos 15 mil empleos en ese sector.

El desempleo y la inseguridad han propiciado un retorno de personas a sus entidades de origen como Veracruz, estado expulsor de habitantes durante los años 90, que en la actualidad registra el regreso de paisanos.

Hay 95 mil empleados de la industria maquiladora radicada en las ciudades de Matamoros y Reynosa, de ellos 70% son veracruzanos que han comenzado a abandonar sus viviendas para regresar a sus lugares de origen, explica Patricio Mora Domínguez, de la Asociación de Trabajadores Veracruzanos en Tamaulipas.