El boicot en contra el estado norteamericano de Arizona tendrá un impacto económico aún no cuantificable, y un impacto de tipo político, debido a una ley que aún analiza el gobierno de Estados Unidos, pero con la que la administración del presidente Barack Obama no está de acuerdo.
La ley por ahora ha provocado una "frustracion visceral", y sólo tiene salida en una reforma "comprensiva", dijo aquí el embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, quien viajó -fuera de protocolos- a esta ciudad fronteriza para supervisar los apoyos que se han otorgado al gobierno mexicano en su lucha contra la inseguridad.
Pascual acompañó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a esta frontera para supervisar la operatividad del CERI (Centro de Respuesta Inmediata), donde dejó en claro que el gobierno norteamericano no puede apoyar una ley que tiene como base el racismo.
Hoy mismo la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien defiende con firmeza su decisión de aprobar la ley que convierte en un delito la presencia de inmigrantes indocumentados en ese estado, declaró este viernes que se debe asegurar la frontera y que esa medida "es una respuesta al problema de la inmigración ilegal" .
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