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Con el diagnóstico que obtuvo el DIF estatal  de especialistas en Mérida, Yucatán, Amalia queda impedida para abortar, al menos en el estado, porque la única causal que le permitía el Código Penal es que el embarazo pusiera en riesgo su vida. Los médicos yucatecos la reportan estable de salud y que evoluciona bien la gestación.

Amalia, quien el martes cumplió 11 años,  presenta un embarazo de 17 semanas, producto de una violación cometida por su padrastro Isaac Santiago Martínez El Brujo, en la comunidad rural de Rovirosa, en el sur de la entidad.

Cuidados prenatales

La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lizbeth Gamboa Song, declaró que Amalia, su madre Zeida Morales Vázquez y personal de la institución viajaron desde el pasado lunes al estado de Yucatán para someterla a una nueva valoración médica y un tercer ultrasonido de cuarta dimensión, a cargo del doctor Juan Carlos Navarrete Jaimes, especialista del Texas Children, y que asiste en la clínica particular Mérida.

Los resultados de este nuevo chequeo médico, afirmó Gamboa Song, serán incluidos en el expediente que tienen de la menor en la estancia Pamar, donde permanece desde fines de marzo, cuando el Ministerio Público pidió que quedara bajo el resguardo del DIF. “El doctor Navarrete nos remitió un documento por escrito, que el estado de salud es bueno, pero que debe tener ciertos cuidados prenatales para protegerla y cumplir con lo que nos corresponde”.

La funcionaria confirmó que la menor tiene ya 17 semanas de embarazo y que no les corresponde a ellos, sino a la autoridad judicial y ministerial determinar si es posible un aborto.  Señaló que ninguna organización no gubernamental se ha acercado a ofrecer este tipo de apoyo a la menor para abortar.  Sólo  Luz María Beristaín Navarrete, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso local, se mostró preocupada por la salud de Amalia.

Falta de andamiaje jurídico

Explicó que cuando los menores de edad viven casos de abuso o violencia, el marco legal indica que mientras se realicen las investigaciones tienen que permanecer bajo el resguardo del Estado, es decir, del DIF. Es por eso que Amalia permanece en Pamar desde el  27 de marzo y saldrá de ahí cuando  lo determine la autoridad ministerial o judicial.

“Sabemos que el papá de la menor está muy interesado en cuidar a su hija, la visita frecuentemente y puede solicitar a la autoridad que se la entreguemos y obedeceríamos, si así es el caso”, manifestó.   Las autoridades del DIF no precisaron la fecha en que la menor estará de regreso en Chetumal.

La situación que vive  la menor Amalia evidenció que a pesar de que  el Código Penal del estado contempla cuatro causales de excepción para permitir el aborto, no existe andamiaje jurídico que permita su autorización.

Sin excepciones

Los legisladores al aprobar la ley de derecho a la vida desde el momento de la concepción omitieron establecer en el Código Procesal los casos de aborto que están permitidos para que algún juez expida autorización y sea practicado.

También faltó reformar la Ley de Salud estatal y el Reglamento de Servicios Médicos para que se establezca la obligatoriedad de practicar el aborto de acuerdo como la ley lo permite.

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