Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que de mantenerse la estrategia electoral del PRD con otros organismos políticos como Acción Nacional, se desdibujará una parte de la izquierda mexicana y empequeñecerá paulatinamente al perredismo hasta convertirlo en una “franquicia electoral más”.

Advirtió que “es contradictoria cualquier alianza electoral con Acción Nacional. Me parece que el proyecto nacional del PRD y el proyecto nacional del PAN son completamente contradictorios, va en contra de los intereses del partido, en contra de los intereses del país ese tipo de alianzas.

“Van a tener un efecto totalmente contrario en la militancia del PRD, en la disminución de la militancia, en desdibujar al partido en cuanto a que está pasando encima de principios. Además, estas alianzas hasta el momento no tienen ningún contenido programático… no sabemos qué les proponen a los ciudadanos”.

Entrevistado en el Monumento a la Revolución —donde está la tumba del general Lázaro Cárdenas, presidente que nacionalizó la industria petrolera en 1938— dijo que muchos sectores de la izquierda mexicana actúan en congruencia con sus principios sin participar en estas alianzas.

No es el caso, insistió, “de las decisiones formales que está tomando la dirección del PRD; me parece, como digo, que son contradictorias y contrarias a los propios principios del partido y del interés nacional”.

Cárdenas Solórzano calificó el pacto firmado por los líderes nacionales del PRI y PAN, Beatriz Paredes y César Nava —en torno al escenario electoral del estado de México en 2011— como “un asunto de casa ajena, que a mí no me interesa… eso demuestra la calidad moral de unos y otros”.

Advirtió que estas coaliciones sólo abrirán espacios “a los burócratas del PRD; no creo que den para más. Quienes estén buscando cargos burocráticos quizá tengan una oportunidad”.

Acerca de qué pasaría con el PRD en caso de continuar las alianzas con el PAN, dijo: “Que sea más chico, solamente”.

Al ser cuestionado sobre la situación del sector petrolero, Cárdenas consideró que las autoridades deben hacer públicos los “contratos de riesgo”, a fin de que haya certeza de que no violan la ley, o para que se corrijan y no se violente la Constitución.