El presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, criticó el que se siga dando apoyos a través del Procampo a personas presuntamente vinculadas con alguna actividad ilícita hasta que no se compruebe que lo están, pues "no podemos voltear la cara y decir no veo, pues en estas cuestiones delictivas a algunos les pagan por no ver y a otros por ver mal".

Por ello, subrayó que es necesario ser muy cuidadosos en estos casos porque se trata de fondos públicos y quien, al final, va a responder por estos si no hay quien se cerciore si los créditos van a parar para el fin que fue concedido.

En conferencia de prensa luego de rendir su informe de labores ante miembros del Tribunal, del Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, quien fue en representación del presidente Felipe Calderón y de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, García Villalobos insistió en que la infiltración del crimen organizado en el campo puede ser muy sencilla y aunque no se tiene una base estructural para poder estar vigilando, "los de provincia saben mucho de esto" y detectan cuando alguien tiene una estructura ganadera o comercial y de la noche a la mañana la convierten en un emporio.

El miércoles pasado, el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ignacio Rivera Rodríguez señaló que no obstante de que se ha señalado que personas ligadas con narcotraficantes continuarán recibiendo apoyo del Procampo, "mientras no se detecte, se señale o se identifique una actividad ilícita; en tanto no suceda esto, el padrón seguirá cumpliendo su función".

Al respecto, dijo que no cree en las penas trascendentes, pues puede darse el caso por azares del destino que alguien resulte familiar de algún delincuente y no tenga que ver en sus actividades ilícitas, pero reiteró la importancia de ser cuidadosos ante lo fácil que resulta que el narco se infiltre en el campo. En tal sentido, comentó que en el quehacer del Tribunal se ha detectado en zonas como en Guerrero, Chiapas o Oaxaca gente armada que impide la labor del personal de esa instancia, pero con diálogo y conciliación realizan su trabajo.