La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó revisar de manera directa el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes el 20 de febrero pasado fueron sentenciadas a 21 años de prisión por un juez federal de primera instancia, tras responsabilizarlas de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación.

En un hecho poco inusual, a petición del ministro Juan Silva Meza, los ministros de la Primera Sala del alto tribunal decidieron hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, por la relevancia nacional de este caso y porque el mismo les permitirá establecer criterios en torno a la prohibición constitucional de no discriminación y respecto a los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas.

La decisión generó sorpresa, incluso en la propia Corte, porque el máximo tribunal del país casi nunca interviene en la revisión de sentencias ni asume la función de un tribunal de apelación en el que tenga que pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien.

Y porque el trámite se llevó cabo también con una rapidez inusual.

El ministro Silva pidió atraer el caso la tarde de ayer y en menos de 24 horas su petición fue revisada, en privado, por sus compañeros de la Primera Sala, que es la que se encarga precisamente de los asuntos penales.

Una vez que se acordó atraer el asunto, la revisión de la sentencia de las dos indígenas, que ha sido ampliamente cuestionadas tanto por organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

fml