Respaldados por la organización internacional Greenpeace, pobladores de las comunidades de Bernal y San Antonio de la Cal, realizarán este jueves una caravana rumbo a la ciudad de Querétaro para demandarle al gobierno de la entidad que intervenga para evitar se instale en esa región una planta procesadora de antimonio.

La empresa US Antimony de México pretende instalar una de sus beneficiadoras mineras en terrenos que se ubican a menos de un kilómetro de la Peña de Bernal que, junto con las capillas familiares otomí-chichimecas, tiene la categoría de patrimonio cultural de la humanidad.

'Queremos que nos escuchen'

Ambas comunidades se encuentran separadas geográficamente por el monolito de piedra –el tercero más grande del mundo- en cuya zona se pretende conformar un corredor turístico que, de acuerdo a las autoridades de ambos poblados, podría “venirse abajo” si se llega a instalar dicha empresa.

La caravana recorrerá unos 40 kilómetros, desde el poblado de Bernal hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro, a donde pretenden arribar para ser escuchados por el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa.

Edgardo Cabrera, integrante de la comisión ciudadana de ambos poblados, dijo que no pretenden ni cerrar calles ni causar caos en la capital queretana; “lo único que pretendemos es que nos escuchen y se tomen decisiones que solucionen el problema y beneficien a la población”.

Pide el PVEM estudios ambientales

En tanto, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), demandó a las autoridades correspondientes, copia de los estudios ambientales en la zona, así como información a instituciones especializadas sobre plantas de antimonio, sus procesos e impactos, para ofrecer una opinión más solida y sustentada.

El presidente en Querétaro de este partido, Ricardo Astudillo Suárez, advirtió que este instituto político gestionará y exigirá se esclarezca con prontitud la situación que prevalece en Bernal.

Paralelamente, Astudillo Suárez solicitó a la autoridad judicial correspondiente, resuelva y esclarezca dicho asunto bajo los principios legales, pero siempre velando por los derechos, las demandas y el interés de la ciudadanía, así como del cuidado del medio ambiente.

Ricardo Astudillo afirmó que tras realizar un recorrido por la zona, constató que existen problemas e interpretaciones legales por parte del municipio y los particulares, que deberán ser resueltos por la autoridad judicial.

En contra de la mina

No obstante, reconoció que la falta de información en la comunidad, ha provocado un conflicto social, sustentado en que la mayoría de la población se opone a que la empresa comience sus operaciones, concretamente en la Comunidad de San Antonio de la Cal a menos de 200 metros de la Peña de Bernal, designado –este último-- por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.