La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.

Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo “porque avala el estado de opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la Comisión”.

Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “se trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más”.

Criticó a los ministros que se dicen defensores de las garantías individuales, pero “se achican a la primera sentencia”.

El especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las investigaciones a funcionarios.

Agregó que las solicitudes de la CNDH en ningún momento pueden poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la Comisión usa los datos sólo para determinar si algún funcionario de la PGR cometió o no violaciones de garantías.

“La CNDH en ningún momento difunde la información que le da la PGR, ya que la mantiene en reserva”, explicó.

Afirmar que la CNDH puede divulgarla es como atribuirle conductas criminales, consideró Carbonell.

La Comisión argumentó que la dependencia federal busca impedir que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por la PGR dentro de la lucha contra el crimen organizado.

Pero la mayoría de los ministros llegaron a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.

Los ministros que no validaron el cambio legal (José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia) coincidieron en que se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos. “Quedarán indefensos quienes sufran maltratos en los que esté involucrada la PGR”, advirtieron.