Cerca de 300 personas acudieron al Congreso del estado para exponer su indignación por las anomalías en las investigaciones sobre el caso del joven asesinado a tiros la madrugada del jueves en el malecón de La Paz.

Exigieron a las autoridades estatales y federales su actuación para evitar que la violencia se instale en Baja California Sur como ha ocurrido en otros estados del país.

Al iniciar el periodo extraordinario de sesiones, los manifestantes sostuvieron no confiar en los funcionarios que designó el gobernador Narciso Agúndez para atender el caso, luego de que se señalara al entonces procurador Fernando González Rubio Cerecer de un presunto encubrimiento del agresor y personas implicadas, entre quienes se identificó a su sobrino Emilio González Rubio Ojeda.

Tras exponer las irregularidades que se presentaron desde el inicio de las averiguaciones, como haber dejado en libertad al presunto agresor Gary Gayn Hidalgo, editar una videograbación de los hechos, intimidar y amenazar a testigos, los familiares y amigos del joven asesinado denunciaron la necesidad de una "limpieza" en el aparato de seguridad y justicia de Baja California Sur.

Al grito de: "¡Funcionarios corruptos!" y "¡Basta de impunidad!", los inconformes solicitaron la creación de un órgano de especialistas en derecho, quienes no estén vinculados con el gobierno estatal o el ámbito político a fin de garantizar transparencia en las indagaciones.

Daniel Hernández Aguirre, padre del joven fallecido, sostuvo que el fiscal especial Francisco Javier Álvarez Marrón, así como Karim Francisco Martínez Lizárraga, encargado del despacho de la Procuraduría del estado, forman parte del mismo grupo de gente cercana al anterior procurador, acusado antes de abuso de autoridad por partidos opositores y organizaciones civiles, quienes promovieron un juicio político en su contra en el 2008.

fml