La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una reforma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que le impedirá investigar las violaciones de garantías cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Los ministros del máximo tribunal, en una votación dividida de siete votos contra cuatro, declararon valida la reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica de la PGR en que se estableció que sólo podrá "proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas".

La CNDH impugnó esta medida, mediante un juicio de acción de inconstitucionalidad, porque estimó que se creó para dotar de facultades discrecionales a la procuraduría a fin de que impida que se investiguen violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de dicha corporación.

El juicio fue promovido el año pasado por el entonces presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, quien, en su demanda advirtió que de validarse esta restricción se anularía la posibilidad de proteger los derechos humanos de abusos cometidos por la PGR.

Pero sus argumentos sólo tuvieron eco en la minoría de los ministros de la Corte.

La mayoría de ministros, a propuesta del ministro Fernando Franco González Salas, llegaron a la conclusión de que la reforma no viola lo dispuesto en la Constitución.

Para justificar su voto el ministro Arturo Zaldivar le preguntó a sus compañeros que si "¿Por más que la Comisión sea un órgano del Estado que tenga la protección de los derechos fundamentales, alguien podría asegurar con toda certeza, sin riesgo alguno que la información que se da a una Comisión de Derechos Humanos no puede ser filtrada por ninguno de sus empleados?

"¿Cuál sería el riesgo para las investigaciones con el momento que vive el país y la seguridad de las personas?"

Y de inmediato agregó que por este motivo él cree que "está más que justificada la excepción y no hay una vulneración a derechos fundamentales".

La secrecía en el manejo de esta información, aseguró la ministra Margarita Luna, está justificada, porque los propios delincuentes que investiga la PGR pueden promover quejas ante la CNDH para obtener la información de sus casos.

En respuesta a estos argumentos, del lado de la minoría, los ministros José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia coincidieron que con esta medida se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos.

Incluso el ministro Cossío advirtió que esta decisión deja indefensos a las personas que puedan sufrir maltratos, desapariciones o torturas en los que estén involucrados funcionarios de la PGR.

Y en respuesta al ministro Zaldivar, Cossío le recordó que la información de las averiguaciones se ha filtrado, principalmente, de la propia PGR.

mamg