Para 2010, el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados destinaron un presupuesto de 17 millones de pesos para la atención y prevención del VIH/sida en el INER. Esta cifra representa una reducción de 30% de los recursos que se otorgaron en 2009, que fueron de poco más de 25 millones de pesos.

La disminución de recursos no es una cosa menor para el INER. Este instituto atiende, en forma ambulatoria, a poco más de mil personas que viven con VIH y cada año esta cifra aumenta 20%. Además, anualmente, se hospitalizan entre 200 y 250 pacientes que llegan al servicio de urgencias por fallas respiratorias ocasionadas por enfermedades oportunistas, como la neumonía. Muchos de ellos ahí se enteran que son portadores del virus.

Rubén Valdez, también presidente del Comité de Usuarios de Servicios de Salud del INER, sabe que sin recursos suficientes comenzará la falta de reactivos para pruebas de laboratorio de carga viral y CD4s (los portadores del VIH deben realizarse estos exámenes cada dos meses, por lo menos). También, dice, se agravará el desabasto de medicamentos para atender enfermedades oportunistas de tipo respiratorio asociadas al VIH/sida. Estos padecimientos son los que, finalmente, provocan la muerte de las personas que viven con este virus.

El Comité de Usuarios de Servicios de Salud calcula que la reducción del presupuesto provocará un aumento en la mortalidad de los pacientes con VIH/sida. En 2008, falleció el 23% de pacientes que fueron hospitalizados en el INER.

Rubén Valdez decidió no quedarse con los brazos cruzados. La reducción del presupuesto, dice, “viola mi derecho a la salud”. Y remarca: “Los ciudadanos no podemos permitir que disminuyan el presupuesto. Si ahora nos bajaron 70%, el año próximo dirán: ‘dales tres pesos, porque nadie dice nada’”.

En su demanda de amparo, Rubén Valdez solicita al Poder Judicial de la Federación que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del bajo presupuesto que se destinó a la atención de las personas que padecen VIH/sida, ya que “vulnera el derecho a la salud y el derecho a la vida de los pacientes del INER que viven con este virus y reciben una gama de servicios necesarios para tratar su condición”, explica Jimena Ávalos, abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una de las 30 organizaciones no gubernamentales, juristas y académicos que apoyan a Rubén Valdez en su reclamo legal.

Atención integral, sólo promesa

Una exigencia recurrente de las personas que viven con VIH y acuden al INER ha sido el contar con recursos suficientes para tener una atención médica de calidad. Esta demanda fue lo que originó la creación, en 2005, del Comité de Usuarios de Servicios de Salud del INER. Ese año también se vivieron problemas de presupuesto en la institución, situación que provocó la falta de medicamentos y reactivos para pruebas de laboratorio.

Gracias a que se organizaron en un comité, los pacientes lograron conocer que sí había recursos destinados a la atención de personas que viven con el virus del Sida, pero al no estar etiquetados, los directivos del INER los utilizaban en otras áreas.

A partir de entonces, el comité tiene entre sus tareas vigilar que exista el presupuesto adecuado para la atención de personas con VIH. Rubén Valdez recuerda que uno de sus mayores logros: en 2006, la Cámara baja otorgó una partida extra de 31 millones de pesos para la ampliación de las instalaciones donde se atiende a la población con VIH.

Fue en octubre de 2009 que se inauguró la ampliación del Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas (Cieni) del INER. En ese entonces, la Secretaría de Salud difundió un comunicado en el que se afirmaba que este centro “brindará atención integral a los pacientes con VIH”.

Pero esa “atención integral” quedará sólo en una promesa, asegura Rubén Valdez. De acuerdo con el Comité de Usuarios de Servicios de Salud del INER, para que el Cieni pueda funcionar en forma adecuada se requieren de 40 millones de pesos al año; sobre todo porque aún faltan equipos de diagnóstico y equipamiento de laboratorios.

“La reducción presupuestal impactará negativamente en la atención clínica de los pacientes”. Rubén Valdez ofrece cifras: en 2009, el INER realizó 50 mil pruebas de laboratorio a personas con Sida; el doble de las pruebas que se hicieron en 2008.

Se nota la disminución de recursos

Las consecuencias de la disminución de recursos empiezan a notarse. “En enero y febrero ya faltaban medicamentos. ¿Qué va a pasar en los meses siguientes?”, cuestiona Rubén. Esta preocupación la comparten otros pacientes que estuvieron en el servicio de urgencias en las últimas semanas, y a los cuales no se les pudo proporcionar medicamentos necesarios para su recuperación, porque “no había”. Algunos de ellos tuvieron que comprar los fármacos. Los tres pacientes que relataron su caso a EL UNIVERSAL solicitaron el anonimato, porque temen que en su ámbito social los discriminen si se enteran que tienen el virus del sida.

EL UNIVERSAL solicitó entrevista con los directivos del INER, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de comunicación social.

Por experiencia propia, Rubén Valdez sabe que para un paciente con VIH una prueba de laboratorio o un medicamento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Él contrajo el virus en 1992, pero fue hasta 1997 que fue diagnosticado como seropositivo. “Estuve muy grave. Presenté tuberculosis y sarcoma de kaposi. Mis cargas virales eran altísimas, bajé mucho de peso. Estuve en la rayita, pero pude salir adelante por el tratamiento”.

Jimena Ávalos, abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asegura que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a México a no realizar actos que impliquen un retroceso de las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos. “Al disminuir el presupuesto, México no garantiza que se respete el derecho a la salud de estos pacientes”.

De acuerdo con Ávalos, el caso de Rubén Valdez es el primero que se busca defender en forma legal sus derechos ante la reducción del presupuesto.