Isabel Miranda de Wallace propuso en el Senado la creación de un Procurador Especializado en secuestro que tome el control a nivel nacional del problema y se coordine con los estados.
El procurador, explicó, tendría independencia absoluta y económica, con mando de policía federal, y decidirá los casos que investigaría, ya que -recordó- el secuestro es del fuero común.
Miranda de Wallace criticó que mientras los secuestradores matan a sus víctimas, de este lado nos preocupamos por los derechos de los presuntos delincuentes, "hay que replantearnos si nuestro sistema está en favor de las víctimas o de los delincuentes".
Hizo un llamado en el Senado a legisladores a ponerse a trabajar en reformas antisecuestro, con el fin de atacar ese fenómeno.
Miranda de Wallace participa en la mesa 3 "Facultades, competencias y coordinación de los tres órdenes de gobierno" del Foro "Alto al secuestro" organizado por el Senado de la República, a través de la comisión de Justicia que preside el senador del PAN, Alejandro González Alcocer.
En su turno al micrófono, Miranda de Wallace propuso además crear una Unidad nacional de combate al secuestro, para coordinar las acciones con el fin de combatir el secuestro, encargada de coordinar entre todas las entidades.
Consideró que el Ministerio Público también debe actuar de manera más profesional, y contar con un plan de investigación, "nos topamos que no hacen periciales".
Pidió además romper con monopolios en la investigación. Propuso centros de estudios periciales de medicina forense en cada entidad.
Además, propuso que cada institución debe nutrir al centro de información, lo que hoy no se hace.
Al inicio de su intervención, recordó que ella recorrió el camino de la investigación del secuestro de su hijo.
"Soy un ejemplo de lo colapsado que está el sistema", sentenció, porque la autoridad no hizo lo que debía de haber hecho.
Miranda de Wallace parafraseó al presidente Felipe Calderón y coincidió en que se tiene que empezar a barrer la casa de arriba hacia abajo. "Tenemos funcionarios que tienen años en el mismo cargo y nada".
Pidió a la Cámara de Diputados aprobar la ley de amparo.
Además exigió no dejar en letra muerta las promesas del gobierno, como por ejemplo el Centro de Acreditación y Certificación, el cual "no se tiene a más de un año... no han sido certificados los policías, ¿a quién le damos nuestra confianza?", dijo y recordó que hay policías involucrados en los secuestros.
Consideró que una reforma antisecuestro debe ser integral, y enfocada a combatir el delito, con valores y recomponiendo el tejido social, para la policía.
En la misma Mesa 3 "Facultades, competencias y coordinación de los tres órdenes de gobierno" María Eloisa Quintero, investigadora del INACIPE, coincidió en que la aprobación de una reforma antisecuestro debe ser integral y sistémica.
Consideró que la presentada el pasado 15 de febrero, por el presidente Calderón, es positiva y puede ser "una iniciativa que se puede tener como base para trabajar" y hacer un buen dictamen.
Sin embargo, criticó que se propongan nuevas figuras en algunas de las iniciativas, como el agente encubierto y la intervención de las comunicaciones.
Eloísa Quintero cuestionó quién manejará la información y quien la usará para cruzarla, en materia de inteligencia y averiguación previa.
En ese sentido, dijo que hay instituciones nuevas, y hay que poner candado y controles en quienes manejan la información, es decir el funcionario que maneja la información de inteligencia.
Criticó algunos tipos penales, pues se quiere sancionar a quien actúe como "asesor" pero hay que ser muy cuidadosos de los tipos penales en cuestión. Porque quien actúe como "asesor", y ejemplificó que un doctor lo hace a favor de la víctima, entraría en ese tipo penal.
La especialista se dijo en contra de que los rescates deban pagarse con los fondos del gobierno. Consideró que atenta contra una política consensuada, pues pagar el rescate, es una manera de institucionalizar una situación que quiere enfrentar, una situación de negocio.
En su turno, Moisés Moreno, presidente del Centro de Política Criminal y Ciencias Penales, dijo que México está ante uno de sus problemas más graves. Consideró que es la hora de los legisladores.