El presidente de la Central Campesina Independiente (CCI), Rafael Galindo, urgió a la Cámara de Diputados a legislar los lineamientos de los programas sociales que aplica Saparga, como Procampo, a fin de que en su asignación no haya más inequidad y corrupción en el ejercicio presupuestal, que anualmente alcanza poco más de 26 mil millones de pesos.

Galindo subrayó que es indispensable una renovación de dichos programas, a través de "una cirugía mayor que implique cambio de nombres e incluso de funcionarios", pues Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), "se ha convertido en la cueva de Alí Baba y los cuarenta ladrones dónde sólo se beneficia a los grandes agroindustriales nacionales y extranjeros, olvidando al pequeño y mediano productor".

El dirigente de la CCI consideró necesario que Procampo sea elevado a rango de ley, pues desde su creación, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este programa de subsidios opera sin ningún marco legal, lo que ha propiciado que grandes productores y empresas productoras transnacionales se beneficien con recursos públicos en detrimento de los campesinos.

Señaló que Aserca es una "cloaca" que ante la denuncia pública reclama por parte del Poder Legislativo una revisión a fondo para promover su reestructura pues no es posible que una sola empresa trasnacional controle el 70% de la comercialización de granos en México y el 60 por ciento de las bodegas en la materia bajo el amparo de la autoridad federal.

Lamentó que los funcionarios de Aserca otorguen prioridad a las reuniones con grandes empresarios del sector agropecuario o con extranjeros ricos que con los pequeños y medianos productores que reclaman concretar una cadena productiva de valor.

Dijo que si para Procampo, este año el Programa Especial Concurrente tiene asignados 16 mil 150 millones de pesos y para Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización más de 9 mil 950 millones de pesos, cómo es posible que los campesinos de subsistencia no puedan pasar a las cadenas de valor, al ingreso, el empleo y la productividad.

Lo más absurdo, concluyó, es que empresas como Cargill reciba más de 100 millones de pesos anuales para comercializar sus productos por parte del gobierno federal a través de estos programas cuando la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación establece que debe existir equilibro y justicia en la política social.

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