El secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, informó que no renunciará al subsidio que recibe del Procampo como productor, porque es legal ese beneficio.

A la pregunta de si declinaría el subsidio, mientras sea secretario de Agricultura, por una consideración ética de servidor público, confirmó que "ni por ética" lo hará.

Francisco Javier Mayorga asistió a la Cámara de Diputados a una reunión con la Comisión de Agricultura y después leyó una declaración escrita a los medios en la que expresa que al recibir subsidios no ha violado la ley.

Dijo que el Procampo es uno de los programas más auditados en México y a nivel internacional, lo cual le da "mucha transparencia".

Este diario publicó el pasado lunes 15 que el secretario Mayorga y su familia son beneficiarios del Procampo, y en su edición de este día da cuenta de que la filial en México de una trasnacional, Cargill, ha recibido 500 millones de pesos, en un lustro, como impuestos a la exportación.

Dijo que se dan entregas de subisidio de Aserca en puntos estratégicos de la cadena productiva, donde los productores reciben el beneficio a través de los compradores. Y corroboró que el apoyo individual en ningún caso es mayor de 100 mil pesos.

Mayorga visitó durante casi cuatro horas el Palacio Legislativo, a donde llegó con antelación a la reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura, y su presencia se significó por el cerrado dispositivo de seguridad a su persona, casi cuerpo a cuerpo, incluso dentro de la sala de trabajo de los legisladores.

Sólo dijo "no", a la pregunta de si la custodia especial se debe a que teme por su vida en el actual escenario de combate al narcotráfico. "No sé que instrucciones tengan", los integrantes de su escolta, comentó.

Llevaba preparado un mentís al presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, quien sostiene en declaraciones que publica EL UNIVERSAL, en el sentido de que el narco es la principal fuente de financiamiento en el campo.

Ante los periodistas, el secretario expresó su solicitud para que García Villalobos "comparta la información que posee, sobre la ubicación de cultivos", y recomendó al presidente del Tribunal Superior Agrario, "que denuncie los hechos ante la autoridad correspondiente".

Sostuvo que el Procampo no financia a narcotraficantes, pues en cuanto se descubre un predio que se usa para el cultivo de enervantes, se da de baja del padrón del programa.  Pero no supo la información de la superficie que se excluyó por prácticas ilegales.

Explicó que las superficies en las que se da el cultivo ilegal por regla están en zonas boscosas y en las montañas, y "prácticamente, no" en zonas agrícolas".

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