La petición del gobernador José Reyes Baeza para trasladar la sede de todos los poderes del estado a Ciudad Juárez provocó un enfrentamiento entre las diferentes fuerzas políticas.

Baeza reprochó a Felipe Calderón por no visitar la entidad. “El señor Presidente tomó la decisión acertada de visitar las zonas inundadas del estado de México y el Distrito Federal; ha estado en contacto con los familiares del futbolista que recibió un balazo en un bar, entonces pedimos que venga a solidarizarse con los familiares de los miles que han perdido la vida en esta guerra en Juárez”, expresó.

Ayer su gobierno solicitó formalmente al Congreso local el traslado de poderes.

Anoche la Secretaría de Gobernación respondió: “Es falso que el gobierno federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. [...] Las declaraciones del gobernador relativas a la supuesta falta de interés del gobierno federal carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el gobierno federal acudió en ayuda”.

César Nava Vázquez, presidente nacional del PAN, dijo que la medida de Reyes Baeza se trata de “un acto meramente propagandístico y artificial”, porque fue una medida unilateral.

“Parece que es un mero acto con sentido político que no tendrá efectos reales en el bienestar de la población. Ojalá el gobernador pensara en otras medidas antes que maniobras teatrales”, dijo.

El PRD fue más lejos: demandó la desaparición de poderes en Chihuahua. El Consejo Nacional instruyó a sus senadores a hacer la petición. En caso de aprobarse, se nombraría un gobernador provisional, propuesto por el Ejecutivo.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, calificó como “tardío” el cambio en la estrategia de seguridad anunciado por el gobierno federal, y consideró que las primeras acciones han fracasado.

“Aunque tardío, debe saludarse el replanteamiento”, expresó Beltrones.

Ante las críticas por la posibilidad de que los funcionarios que estarán en Ciudad Juárez “despachen” desde El Paso, Texas, ciudad más segura, el secretario estatal de Gobierno, Sergio Granados, dijo que ninguno está autorizado para salir del país.