El gobierno federal promovió ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos procesos, uno para impulsar una ley que restringe el acceso a la información y otro para anular las reformas que permiten a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños.

En el primer caso, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, solicitó al máximo tribunal avalar una reforma, implementada en el estado de Campeche, similar a la que pretende impulsar el gobierno federal para restringir las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Con la modificación, aprobada por la mayoría priísta en el Congreso local, las dependencias del gobierno de Campeche que no quieran dar a conocer la información que tengan en su poder, y que la Comisión de Transparencia estatal haya ordenado difundir, podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para revertir las medidas dictadas por el órgano que vela por el acceso a la información pública.

Para revertir la reforma, el PAN promovió un juicio de acción de inconstitucionalidad en el que le pidió a la Corte anular los cambios por ser violatorios de la Constitución.

El gobierno federal pidió a los ministros declarar infundada la demanda de los panistas.

El segundo proceso promovido ante la Corte, también por el procurador Chávez Chávez, pretende anular los matrimonios gay y la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, reforma impulsada por el gobierno del Distrito Federal.

La acción de inconstitucionalidad se le turnará a un ministro para que decida si la admite o la desecha. Se prevé que el juicio sea admitido a trámite.

En el tiempo que tarde en resolverse el juicio, alrededor de un año, las reformas que aprobó el 21 de diciembre pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se mantendrán vigentes. En ese lapso no se interrumpirán las bodas entre personas del mismo sexo ni las adopciones que tramiten.

El procurador argumentó que la modificación al Código Civil capitalino contraviene el principio de legalidad, pues “se aparta del fin constitucional de protección de la familia”.

Consideró que la sociedad de convivencia, aprobada desde 2006, tutela prácticamente los mismos derechos, “salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”.

Chávez Chávez ejerció la facultad que tiene para impugnar leyes y normas que considere violatorias de la Constitución. Organizaciones defensoras de derechos humanos le han pedido que ejerza esa atribución para impugnar las reformas aprobadas en la mayoría de estados, que prohíben los abortos, pero no lo ha hecho.