El consejero delegado de Opel, Nick Reilly, anunció este martes que el plan de saneamiento de la empresa "está listo" y que "ahora sólo se trata de lograr un acuerdo final con los sindicatos".

En declaraciones en la central de Opel, en la ciudad alemana de Rüsselsheim, Reilly expresó su confianza en que ese acuerdo se obtendrá "en las próximas dos o tres semanas".

Agregó que pese a la resistencia de los sindicatos al cierre de la factoría de Amberes (Bélgica), la plantilla participará en el plan de saneamiento con una renuncia salarial de 265 millones de euros anuales en los próximos cinco años.

El anuncio de Reilly se produce 24 horas después de que el comité de empresa europeo de Opel anunciara su disposición a promover movilizaciones a nivel europeo en señal de protesta por el cierre de Amberes, donde trabajan 2 mil 600 de los 48 mil empleados que tiene en Europa Opel/Vauxhall.

Ese foro sindical cuenta con el apoyo del sindicato alemán IG Metall, cuyo presidente, Berhold Huber, exhortó a la empresa a reflexionar con detenimiento sobre el cierre de la planta belga porque "no vamos a aceptar esos planes".

Huber subrayó que mientras esa reflexión tiene lugar, los trabajadores congelarán sus planes sobre la contribución de los trabajadores al saneamiento de la empresa con el argumento de que "no podemos pagar un precio por una mercancía que no conocemos".

Reilly anunció la semana pasada el cierre de la factoría belga "a lo largo de este año", en tanto que Opel debe recortar su capacidad un 20% para volver a la senda de la rentabilidad.

El consejero delegado de Opel hizo ese anuncio en una rueda de prensa en Bruselas, en la que confirmó expresamente la continuidad de la planta española de Figueruelas (Zaragoza) y de las otras plantas de Opel en Europa.

Además del apoyo sindical, Opel necesitará también el visto bueno a su plan de saneamiento de los gobiernos europeos que acogen factorías de la filial de General Motors.

Opel ha solicitado ayudas estatales para la reestructuración de la empresa por un monto de 2 mil 700 millones de euros.

Desde Bruselas, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, afirmó el pasado viernes que sigue "de cerca" la situación de General Motors (GM) en Europa y que "se asegurará" de que el gigante automovilístico no recibirá ninguna ayuda de estado ilegal para su viabilidad futura.

eal