La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó una multa de 2 millones 299 mil 893 pesos a la empresa Química Eco --la cual se negó a ser inspeccionada en tres ocasiones--, por contaminación al suelo con hidrocarburos y por presentar  documentación falta para obtener un certificado de "industria limpia".

Química Eco y /o Tomás Ibarra del Toro, ubicada en avenida Tláhuac, número 6646 en la colonia Santiago Zapotitlán en la delegación Tláhuac, fue clausurada desde el 19 de noviembre pasado, luego de que sus  propietarios impidieron  la inspección de Profepa en tres ocasiones, informó Carlos González Flota, director general de delitos federales contra el ambiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente denunció a Química Eco ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque sus dueños impidieron el trabajo de los inspectores ambientales durante el mes de agosto, fue así como un juez emitió una orden de cateo con apoyo de la fuerza pública.

Los inspectores ambientales recolectaron residuos peligrosos que habían contaminado el suelo no sólo de la empresa, sino del entorno, además de que detectaron diversas irregularidades en la operación, manejo y almacenamiento de residuos peligrosos por parte de Química Eco.

La Profepa determinó el 21 de enero la aplicación de una de las multas más altas que establece la legislación ambiental, no sólo porque Química Eco impidió el paso en tres ocasiones a los inspectores y por la contaminación del suelo con hidrocarburos, sino porque tramitó un certificado de "industria limpia", con documentación falsa, indicó González Flota.

El tope máximo de una multa de este tipo se ubica en 2.5 millones de pesos y a Química Eco se le aplicó una sanción de 2 millones 299 mil 893 pesos, es decir 40 mil 26 días de salario mínimo, indicó el funcionario federal.

Química Eco daba servicio de recolección de sustancias peligrosas a otras empresas, a las que ofrecía dar un tratamiento y reciclar los hidrocarburos captados.

Esta empresa química no podrá volver a operar hasta que sus propietarios apliquen 31 medidas correctivas, para dar cumplimiento a la legislación ambiental, corregir el daño ecológico causado  y realicen estudios de caracterización  del suelo no sólo de la empresa, sino de los alrededores para determinar el daño a la zona, indicó el director de delitos federales de Profepa.

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