El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que su decisión de crear una "Comisión de la Verdad" para investigar las torturas durante la dictadura (1964-1985) no busca promover una "caza de brujas" y agregó que el país no puede tener miedo de buscar la verdad.
El jefe de Estado respondió así, en una entrevista que concedió a la red de televisión Mirante, a la polémica desatada por el Programa de Derechos Humanos que aprobó en diciembre pasado y que llevó a los comandantes de las Fuerzas Armadas a amenazar con renunciar a sus cargos.
"Lo que está generando polémica (en el Programa de Derechos Humanos) es la Comisión de la Verdad, pero en este país nadie puede tener miedo de que busquemos la verdad en la historia de Brasil", afirmó.
Esa búsqueda de la verdad puede ser hecha "de la forma tranquila y pacífica como lo estamos haciendo", aseguró el mandatario.
"No se trata de una caza de brujas. Se trata apenas de que las 140 personas que aún no encontraron sus familiares desaparecidos tengan el derecho a encontrar los cadáveres y a enterrarlos", agregó.
El descontento de los militares obligó al gobernante a modificar el proyecto de ley antes de enviarlo el miércoles al Congreso para crear la Comisión de la Verdad con el fin de aclarar que su tarea será investigar las violaciones de los derechos humanos durante "conflictos políticos" y no sólo durante la "represión política".
La comisión también investigará violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por los guerrilleros que enfrentaron el régimen militar.
La decisión de que también sean investigados los opositores de la dictadura fue tomada en una reunión que el mandatario tuvo el miércoles con sus ministros de Defensa, Nelson Jobim, y de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quienes habían intercambiado críticas por sus divergencias respecto al proyecto.
Jobim y los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea llegaron a amenazar con renunciar a sus cargos en diciembre pasado tras la divulgación del Programa de Derechos Humanos que calificaron como "revanchista".
Los oficiales temían que la Comisión tuviese poderes, no sólo para investigar, sino también para sancionar, lo que equivaldría a derogar la Ley de Amnistía de 1979, que benefició a militares y a guerrilleros y que permitió la democratización de Brasil.
Vannuchi, por su parte, también amenazó con la renuncia en caso de que las modificaciones al proyecto de ley para satisfacer a los militares terminasen desfigurando la Comisión de la Verdad.
Las dos partes se dijeron satisfechas con los cambios introducidos al proyecto de ley y consideraron superada la polémica.
Pero, además de los militares, el Programa de Derechos Humanos también recibió críticas de la Iglesia católica, los agricultores y los propietarios de los medios de comunicación.
Ello debido a que Programa prevé la legalización del aborto y del matrimonio homosexual, la fiscalización de las investigaciones con biotecnología, la vigilancia de los medios de comunicación y hasta trabas para limitar el desalojo de campesinos que invaden haciendas privadas.
Lula aclaró que no todo lo que fue incluido en el Programa de Derechos Humanos será convertido en ley.
Agregó que el Programa es un texto de directrices que resultó de varias reuniones con representantes de la sociedad y que "parte de aquello será transformado en ley y otra parte no".
"Lo importante es que las personas aprendan que, cuando se convoca a la sociedad para hacer un debate, no se puede censurar el resultado de ese debate", dijo.
"Algunas personas en Brasil aún tienen miedo y adoptan el discurso de la década de los años 20 o el discurso del régimen autoritario, algo inadmisible. Nadie puede tener miedo de la democracia ejercida en su plenitud",
mamg