Al salir de las instalaciones del máximo tribunal la presidenta de la asociación Alto al Secuestro dio a conocer que el ministro le dijo que no podía intervenir directamente en la revisión del caso, pero que sí tomaba nota de que la ciudadanía lo que quiere es justicia y no la está recibiendo.

Desde el principio, explicó Isabel Miranda, sabía que al presidente de la Corte no le toca ni puede modificar la sentencia, pero, agregó, "era importante que él se enterara de lo que está ocurriendo en un juzgado", para que tome las medidas pertinentes para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo.

Durante el tiempo que estuvo reunida con el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que se encarga de vigilar y sancionar a los jueces y magistrados federales, le expresó su preocupación porque, en su opinión, se están generando casos de corrupción en los tribunales encargados de revisar los amparos de los secuestradores, porque los están amparando para que queden en libertad.

En entrevista posterior a su encuentro con el ministro Ortiz Mayagoitia, Miranda de Wallace confió en que la Procuraduría General de la República arme bien la apelación de la sentencia que dictó el juez en el caso de su hijo, quien el 24 de diciembre pasado fijo penas que van de los 28 a los 47 años de prisión al ex policía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, cuatro de los partícipes en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

La PGR informó también será la encargada de presentar, en su momento, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que investigue al juez. La señora dijo que ignoraba si lo que había hecho el juez era ilegal o negligencia, pero que, en todo caso, tenía que sancionarse.

Porque, para ella, el juez no valoró debidamente todas las pruebas que se presentaron en contra de los responsables del secuestro de su hijo, quienes, afirmó, por los cuatro delitos que se les fincaron, deberían recibir en promedio penas de 90 años de prisión, cada uno.