Los iraquíes que piden justicia para 17 personas muertas a tiros en una plaza de Bagdad expresaron su indignación el viernes ante la determinación de un juez estadounidense de desestimar un caso contra la empresa Blackwater, acusada de los asesinatos.

El gobierno iraquí señaló que presionará para que se mantenga el caso, el cual fue motivo de desavenencias entre el gobierno estadounidense y el de Irak. Además, muchos iraquíes consideran que la decisión del juez demuestra algo en lo que creen desde hace tiempo: que los contratistas estadounidenses están por encima de la ley.

"No hay justicia", dijo Bura Sadun Ismael, quien quedó herido por dos balas y metralla durante el tiroteo. "Ya esperaba que la corte estadounidense se pondría del lado de los guardias de seguridad de Blackwater que cometieron la masacre de la Plaza Nisoor".

Lo que ocurrió en esa plaza el 16 de septiembre del 2007 aumentó el temor de los iraquíes respecto a su posible pérdida de soberanía, ya que los empleados de Blackwater gozaban de inmunidad ante la ley del país. Los tiroteos también demostraron el grado al que Estados Unidos llegó a depender de contratistas en la guerra en Irak.

El Departamento de Estado había contratado a Blackwater para proteger a diplomáticos estadounidenses en el país asiático. Los guardias dijeron que fueron atacados en una bulliciosa intersección de caminos del oeste de Bagdad, pero la fiscalía y muchos iraquíes aseguraron que los guardias provocaron el ataque a civiles por medio del uso de granadas y ametralladoras.

"Las investigaciones llevadas a cabo por autoridades especializadas iraquíes confirmaron de forma inequívoca que los guardias de Blackwater cometieron el crimen de asesinato y rompieron las normas usando armas sin la existencia de ninguna amenaza que los obligara a usar la fuerza", dijo Alí Al-Dabbagh, portavoz del gobierno, en un comunicado el viernes.

El vocero no proporcionó más detalles sobre qué medidas planea tomar el gobierno para persistir en el caso.

La balacera llevó al gobierno iraquí a cancelarle a la empresa de Carolina del Norte su licencia para trabajar en el país, y Blackwater reemplazó su administración y cambió su nombre a Xe Services.

Cinco guardias de la compañía fueron acusados de homicidio involuntario e infracciones relacionadas con armas. Los cargos acarreaban consigo sentencias de 30 años de prisión obligatorios, pero un juez desechó todos ellos el viernes.

Para respaldar su fallo, el juez federal de distrito Ricardo Urbina citó varias irregularidades cometidas por el gobierno durante la investigación de los hechos. Dijo que los fiscales erigieron su caso en base a declaraciones juradas que los guardias habían dado con la idea de que estarían inmunes de ser sometidos a un proceso judicial.

mamg