El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones sobre la trata de personas y presunta esclavitud descubiertas en un falso centro de rehabilitación contra adicciones conocido como 'Los Elegidos de Dios'.

El presidente del organismo, Fernando Ruiz, señaló que el Ministerio Público de la Federación debió encargarse de las indagatorias, pues por la forma en que operaba ese centro se configura la delincuencia organizada, y además la trata de personas es un delito federal.

Por otra parte, recordó que México ha firmado diversos instrumentos internacionales para prevenir y erradicar la trata de personas, como a su juicio se ejercía en ese centro cercano a la Central de Abasto, donde reclutaban a personas que hacían trabajar 16 horas diarias.

Destacó que en el Distrito Federal y en muchas de ciudades del país existe la trata de personas; y en este caso, añadió, se practicó la explotación laboral y sexual, lo cual debe ser castigado, porque finalmente ejercieron trabajos contra su voluntad y privados de su libertad.

Quienes manejaban el centro 'Los Elegidos de Dios' obligaban a los internos a trabajar en la producción de diversos objetos, a manera de maquila, mismos que ellos cobraban por pieza y a quienes trabajaban sólo les daban muy poca comida, abundó.

A su juicio, ese tipo de operación es encabezada por bandas organizadas, que así como tenían un centro de producción pudieron haber tenido varios más que hacían pasar como lugares de rehabilitación de drogas.

En cuanto a las víctimas, refirió que se trata de personas de escasos recursos, 'muchos sin educación académica, pero todos ellos trabajadores, a quienes obligaban a cumplir con jornadas laborales muy largas y a quienes mantenían incomunicados'.

La mayoría de ellos eran de provincia, incluso señaló que había trabajadores de 12 entidades del país y que mantenían entre 100 y 200 personas encerradas, trabajando, sin recibir remuneración económica, sino sólo la comida y el lugar para dormir.

Por ello, Fernando Ruiz consideró que en esos hechos estarían involucrados particulares, policías y autoridades delegacionales, con lo que se reúnen las condiciones que señala la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que así debe investigarse, juzgarse y sancionarse.

Estamos ante actos que pueden ser calificados como delincuencia organizada, ya que hay la participación de más de tres personas, con funciones determinadas dentro de la organización y existe rango dentro de dicha organización para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad con fines de explotación laboral y sexual, enfatizó.

Fernando Ruiz exigió a la PGR que no permita la impunidad de funcionarios del Distrito Federal, ya sea del gobierno central, la delegación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

nga