En medio de protestas sociales y a once días del asesinato del líder comunitario Mariano Abarca Roblero,  el gobierno   chiapaneco clausuró el consorcio minero de origen canadiense, Black Fire  Exploration México, en el municipio de Chicomuselo,  por considerar  que contaminaba la zona e incumplía las normas ambientales.

“El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas”, argumentó la  secretaría estatal de Medio Ambiente y  Vivienda (Semavi).

 Abundó la dependencia que la extractora de barita, incurría en la desviación de cauces y escurrimientos naturales , además de  cambio de uso de suelo en una superficie importante.

Personal de  Semavi acudió a las instalaciones de la mina, donde realizó la clausura legal, mediante  la colocación de sellos en los accesos, la maquinaria y equipos.

El pasado viernes, la Procuraduría General de Justicia del Estado  arrestó a los presuntos homicidas del dirigente comunitario  e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Mariano Abarca Roblero, quien fue asesinado a balazos,  en  la cabecera municipal de Chicomuselo. En el atentado fue lesionado su acompañante, Orlando Velázquez Rodríguez.

La Procuraduría informó que por los hechos fueron  detenidos, los presuntos homicidas Caralampio  López Vázquez y  Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, empleado de Black Fire Exploration México, además de  Ricardo  Antonio Coutiño Velasco.

Sepúlveda  Calvo es acusado de la autoría material  del crimen.

Mariano fue uno de los principales líderes en la lucha contra el consorcio minero, asentado en la comunidad Grecia.

Organizaciones sociales, como Rema, así como grupos  indígenas y defensores de derechos humanos, mantienen su exigencia del retiro definitivo de la  mina y el cierre de proyectos de extracción.

Argumentan que la extracción mineral   contamina el ambiente, las tierras de cultivo y provocan la desintegración  y los conflictos de las comunidades.

Aseguran que las mineras no respetan derechos humanos de  lugareños, a quienes ni siquiera consultan; se otorgan permisos sin los estudios adecuados de impacto ambiental y destruyen  recursos naturales.

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