Fernando Amezcua Castillo, uno de los líderes del Sindicato Mexicano de los Electricistas (SME) aseguró que ganarán la batalla al gobierno federal y jurídicamente confió en que la próxima semana obtendrán la suspensión definitiva contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, por lo que hasta que no se emita la resolución el secretario del Trabajo, Javier Lozano debe reservarse sus declaraciones de que no habrá marcha atrás a la medida.

Informó que será el próximo jueves 10 de diciembre, cuando se realice la audiencia constitucional en la que Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado 1 del Centro Auxiliar de la 1 Región, definirá si se concede o no la suspensión definitiva, en el expediente judicial 2962/2009.

Al participar este sábado en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, al ser cuestionado sobre las posibilidades de obtener un fallo a su favor, sostuvo que "vamos a ganar esa batalla en contra del gobierno, eso téngalo por seguro".

Señaló que en la decisión final  "no creemos que haya argumento por el cual no tengan que entregar la suspensión a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (..) el llamado a la juez es que tiene la posibilidad de restablecer el orden constitucional".

Recordó que obtener el amparo implicaría dejar sin efecto el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

-¿El secretario del Trabajo dice que no es cierto, que no hay marcha atrás, está equivocado Javier Lozano?

-El señor no es constitucionalista, el señor creo que es pianista, entonces no tiene ninguna posibilidad de estar emitiendo argumentos, cuando ya la autoridad fije su posición.

Amezcua Castillo agregó que ante el posible escenario de que el fallo sea adverso, pues "nosotros sabemos que la justicia en este país está impuesta y no la respetan", advirtió que los electricistas no van a detener sus movilizaciones.

Tampoco se suspenderán las acciones que han emprendido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las quejas se interpondrán ante Canadá y Estados Unidos por violaciones a los derechos laborales de los trabajadores establecidos en el TLCAN.