La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrestó a los presuntos implicados en el homicidio del dirigente comunitario e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Mariano Abarca Roblero, quien fue asesinado a balazos el pasado 27 de noviembre en la cabecera municipal de Chicomuselo.

En aquel ataque resultó herido Orlando Velázquez Rodríguez.

La PGJE informó que fueron detenidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo empleados de la empresa minera de origen canadiense, Black Fire Exploration México, además de Ricardo Antonio Coutiño Velasco.

La Procuraduría precisó que Sepúlveda Calvo es señalado como presunto autor material del crimen.

Abundó que derivado de las diligencias practicadas,  el día del homicidio, Sepúlveda Calvo disparó el arma de fuego que  mató Mariano Abarca e hirió a su acompañante, Orlando Velázquez Rodríguez, que se encontraban dentro de un vehículo Jeep convertible, con placas de circulación del estado de Chiapas.

En su reporte, la PGJE detalló que la noche del atentado Caralampio López Vázquez circulaba en  una motocicleta, en la que esperó metros más adelante a su cómplice, y en la cual  huyeron.

"Uno de los testigos precisó haber visto que el criminal  y su cómplice huían  en una motocicleta  hacia  la esquina", indicó.

Sepúlveda Calvo, presunto autor material, presta sus servicios como chofer de la empresa Black Fire Exploration México, y Caralampio López es empleado de dicho consorcio.

En julio pasado,  Mariano encabezó una manifestación  contra Blackfire  que explota una mina de barita en el ejido Grecia del municipio de Frontera Comalapa.

En su protesta advirtió de los daños ambientales que podría ocasionar actividad extractora, no sólo en Chiapas, sino también en  Tabasco y  los esteros del Golfo de México

Organizaciones sociales, como Rema, indígenas y defensoras de derechos humanos exigen el retiro la mina y el cierre de proyectos de extracción, con el argumento de que contaminan el ambiente, las tierras de cultivo y provocan la desintegración  comunitaria.

Aseguran que las mineras no respetan derechos humanos de  lugareños, a quienes ni siquiera consultan; se otorgan permisos sin los estudios adecuados de impacto ambiental y destruyen  recursos naturales, alertan.

Durante el  primer foro nacional  sobre  la minería, realizado hace dos semanas en esta capital, el gobierno estatal  aseguró que en la región no se permitirá nuevas concesiones para la explotación minera.

En el encuentro se planteó que  la extracción de la riqueza mineral debe regirse por una legislación justa y equitativa, y  aquellas que afecten la biodiversidad deberán cerrar y retirarse.

mma