La población en Baja California Sur rechazó el cambio de nombre que el gobierno federal hizo a la isla Cerralvo, ubicada en el Golfo de California,por el del investigador francés Jaques Cousteau.

Sin consultar a los sectores de la sociedad ni informar al gobierno estatal sobre la determinación, el 17 de noviembre apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto respecto al cambio de nombre topográfico de la isla.

Lo anterior ha generado una polémica en esta región, especialmente en la capital del estado, al ser una de las dos islas más cercanas a la localidad y de mayor extensión.

Investigadores, historiadores, estudiantes y organizaciones civiles se han manifestado a través de  la prensa local y llamaron al Ejecutivo federal a restituir el nombre original.

El gobernador Narciso Agúndez señaló en un comunicado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debió consultar a la sociedad y al gobierno del estado sobre el asunto, por lo que enviará "cartas de extrañamiento" a la dependencia federal y al presidente Felipe Calderón.

Afirmó que los sudcalifornianos reconocen las aportaciones del investigador hacia el conocimiento y conservación del Mar de Cortés, por lo que la inconformidad que genera la imposición del nombre Jaques Cousteau a la isla -dijo- no obedece al hecho de que el investigador carezca de méritos para ello, sino a la acción "arbitraria y unilateral".

Expuso que el decreto evidencia una decisión unilateral que confirma que en el país persiste el centralismo -dijo- que en muchos casos "lastima y ofende" a regiones como Baja California Sur.

Por lo que reiteró la necesidad de que el gobierno federal respete y tome en cuenta a los sudcalifornianos en cualquier decisión que tenga que ver con su cultura, historia y tradiciones.

La controvertida isla se ubica a unos 50 kilómetros al este de La Paz, frente a las comunidades de La Ventana, El Sargento y San Juan de Los Planes. Tiene una longitud de aproximadamente 30 kilómetros, y su superficie alcanza las 14 mil hectáreas.

En el 2006, la isla -propiedad de una familia de empresarios de apellido Ruffo-generó una polémica por aparecer en diversos portales en Internet, donde se promocionaba su venta por 35 millones de dólares.

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